En este espacio he escrito sobre el maquillaje millonario de beautiful Toluca para recibir a Obama, la visita de Donald Trump, el fracaso de la selección mexicana y la muerte de Juanga, y nunca una columna había causado tantas reacciones de conmoción e ira como cuando conté la semana pasada que el gobernador de Veracruz intentó entrar por la fuerza a Los Pinos para exigir impunidad al presidente Enrique Peña.
“¿Es una vergüenza que hayamos llegado a estas dimensiones de impunidad y cinismo”, escribió un lector.
¿Cómo ocurrió que México dejó de ser un país donde la economía crecía siete por ciento en los años 60 y 70, y se transformó en otro cuya economía está a punto de recesión y la corrupción ha invadido las instituciones? ¿En qué momento la solitaria imagen de la inmoralidad simbolizada por Jorge Díaz Serrano, exdirector de Pemex encarcelado en el gobierno de José López Portillo, se multiplicó hasta llegar a este momento en el que altos funcionarios y gobernadores acusados de desfalco forman un mural gigantesco en el imaginario de nuestras vergüenzas nacionales? ¿Cuándo sucedió que la política perdió la untada de decencia que parecían tener los políticos en décadas pasadas?
Para mí existe un punto de inflexión en el que las cosas comenzaron a torcerse y ese instante es, de manera brutal y paradójica, el momento de la transición política con Vicente Fox en 2000 y la continuidad de los gobiernos panistas seis años después, con Felipe Calderón.
Hasta entonces los gobernadores habían sido una banda torcida de políticos pillos, tramposos, dictadores y asesinos tropicales; ladrones de buró ingeniosos y hasta simpáticos, hasta que Fox tuvo una de sus brillantes ocurrencias y en el intento de lograr que los mandatarios priistas apoyaran a su gobierno, les abrió las arcas nacionales: autorizó a los gobiernos estatales partidas extraordinarias que provenían de los excedentes del petróleo y les procuró condiciones inéditas de subsistencia política.
En los años de Fox y de Calderón los gobernadores amasaron tanta fuerza que nació una nueva especie política en México: los virreyes. Y para administrar su poder, los virreyes se concentraron en una conferencia nacional de gobernadores y a partir de ahí no hubo fuerza ni poder humano que los contuviera a ellos y a sus ominosas conductas de corrupción, sevicia e ilegalidad.
Doce años de impunidad bajo los gobiernos de Fox, Calderón y el PAN propiciaron una primera camada de gobernadores trogloditas e insaciables: Arturo Montiel; Andrés Granier, encarcelado por corrupción, malversación de fondos, lavado de dinero y evasión fiscal; Tomás Yarrington, prófugo y acusado por la DEA de nexos con el crimen organizado y lavado de dinero; Humberto Moreira y un desfalco que endeudó a Coahuila por 36 mil millones de pesos.
Después, al final del gobierno de Felipe Calderón y en los primeros años de Peña, la impunidad política se extendió en el gobierno de Guillermo Padrés en Sonora, que endeudó al Estado por 32 mil millones de pesos; los saqueos cometidos por César Duarte en Chihuahua y la corrupta administración de Javier Duarte en Veracruz, agravada por el asesinato de 19 periodistas.
La imagen del gobernador Duarte irrumpiendo en Los Pinos es la máxima representación de la impunidad política que se instituyó con Fox, continuó con Calderón y alcanzó una dimensión intolerable con Peña causando daños incuantificables al país, a los habitantes de numerosos estados y al futuro de próximas generaciones que crecerán en estados quebrados.
Es muy probable que Javier Duarte sea acusado por la Procuraduría General de malversación de fondos y evasión fiscal y que Padrés sea detenido y llevado a juicio, pero la justicia motivada por decisiones políticas —más allá de las ilegalidades cometidas—, no resolverá el grave problema de la impunidad política.
Duarte y Padrés seguramente terminarán en la cárcel, pero eso no significará el fin de la impunidad. Para desgracia del país se avista una larga vida a los virreyes. Los de ayer, de hoy y de mañana.
