El Congreso de la CDMX aprobó una iniciativa presentada por Martí Batres Guadarrama, que crea un nuevo tipo penal en materia de obras en la capital
El Congreso de la Ciudad de México aprobó el establecimiento de la corrupción inmobiliaria como un delito en la capital, con sanciones que van de los 10 a los 20 años de cárcel para la persona servidora pública que permita la construcción de inmuebles o la construcción de pisos adicionales que no cumplan con los requisitos legales. La propuesta, presentada por el jefe de Gobierno capitalino, Martí Batres Guadarrama, establece que “dicha pena se incrementará en una mitad cuando las conductas previstas produzcan beneficios económicos, ya sea en efectivo o en especie a la persona funcionaria, su cónyuge, descendientes o ascendientes, socios, o sociedades de las que el servidor público o las personas referidas formen parte”, detalló la II Legislatura en un comunicado. Esto implica que la pena podría alcanzar un máximo de 30 años de cárcel para quien ocupe un cargo público y se beneficie económicamente al otorgar este tipo de permisos.
El diputado morenista José Octavio Rivero Villaseñor, presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, indicó que se busca sancionar como un delito cuando funcionarios públicos permiten o toleren por acción u omisión la construcción de inmuebles sin los requisitos establecidos por la ley. Para ello se creó el capítulo XV y el artículo 276 Quater al Título Décimo Octavo del Libro Segundo del Código Penal para el Distrito Federal, con el objetivo de prevenir y combatir la corrupción inmobiliaria. “Se busca evitar que en el futuro se vuelvan a presentar casos de corrupción inmobiliaria cometidos desde las oficinas de las alcaldías y en general de cualquier oficina gubernamental involucrada con la política inmobiliaria de la ciudad”, agregó.
En la iniciativa presentada por Batres Guadarrama, se especifica que la diferencia de este nuevo tipo penal con respecto a las conductas ya sancionadas en el Código Penal, es que hasta ahora el motivo de las sanciones era por falsificación o expedición ilegal de licencias y certificados; mientras que con la iniciativa recientemente aprobada se sanciona como un delito autónomo “la permisibilidad o tolerancia por acción o por omisión de la construcción de inmuebles sin los requisitos establecidos por la Ley, lo que permitiría acumular aquellos delitos comisivos que se relacionan con los señalados en el citado artículo del Código Penal local”. La congresista morenista Martha Soledad Avila Ventura agregó que es necesario combatir la formación de redes de tráfico de influencias entre personas servidoras públicas, empresarios y notarios.
Cártel inmobiliario
La base de esta iniciativa, de acuerdo con el mandatario local, Martí Batres, fue una serie de casos investigados en la alcaldía Benito Juárez, en donde dos servidores públicos aceptaron su responsabilidad en actos de corrupción relacionados con obras inmobiliarias, fueron sentenciados y devolvieron propiedades por un valor de más de 80 millones de pesos como parte de la reparación del daño. El enriquecimiento ilícito y el uso indebido de atribuciones son delitos relacionados.
