“Mi administración es el único gobierno de Estados Unidos que intenta detener la inmigración ilegal”, respondió el gobernador Greg Abbott
El Departamento de Justicia de Estados Unidos demandó al gobernador de Texas, Greg Abbott, por la emisión de una nueva ley estatal que permite a la policía detener a migrantes que cruzan ilegalmente hacia ese país por la frontera con México.
“Biden me demandó hoy porque firmé una ley que hace ilegal que un inmigrante ilegal ingrese o intente ingresar a Texas directamente desde una nación extranjera”, publicó el gobernador en su cuenta de X. En la publicación agregó que la administración de Texas “es el único gobierno de Estados Unidos” que intenta detener la inmigración ilegal.
Desde el 8 de mayo de 2023, las autoridades texanas anunciaron el despliegue de la nueva Fuerza Fronteriza Táctica en la frontera con México, “para responder a la creciente crisis fronteriza en el Aeropuerto Internacional Austin Bergstrom”.
La medida se implementó tras la conclusión del Título 42, y consistió en el envío de cientos de soldados de la Guardia Nacional estatal para unirse a los miles de elementos desplegados como parte de la Operación Estrella Solitaria.
Aunado a ello, en diciembre del año pasado, Abbott endureció la política con la promulgación de la denominada Ley SB4, a fin de tipificar como delito estatal la entrada ilegal en Texas desde un país extranjero. Asimismo faculta a los agentes policiales estatales y locales detener y procesar a los infractores, tan sólo por su apariencia física, en caso de parecer inmigrantes.
La organización Immigrant Legal Resource Center (ILRC) advirtió que la Ley SB4 no cambia el modo en que la policía debe actuar cuando aplica las leyes en la vía pública, pero no tienen autoridad legal de parar o arrestar a personas bajo el argumento de estatus migratorio.
SRE celebra demanda
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) celebró la demanda del gobierno de Estados Unidos a su par en Texas, y rechazó la implementación de la medida antiinmigrante “que pretende detener el flujo de personas migrantes, mediante su criminalización, fomentando la separación de familias, discriminación y perfilamiento raciales que atentan contra los derechos humanos de la comunidad migrante”.
En un comunicado señaló que “el Gobierno de México rechaza tajantemente cualquier medida que propicie ambientes hostiles que puedan derivar en actos o crímenes de odio en contra de las comunidades migrantes, y que contemple el retorno involuntario de personas migrantes sin respeto al debido proceso”.
Asimismo, la cancillería recordó que desde el año pasado instruyó a la red consular en Texas para reforzar las acciones preventivas de protección consular y así proteger y defender los derechos de 11 millones de personas mexicanas que viven en dicho estado.
