“Échele jurisprudencia, mi lic.”. Así le dijo el notificador al abogado, al referirse que se necesitaba un soborno para hacer más rápido el trabajo judicial. “Tú te arreglas con el magistrado, si el dice que sí, esto está del otro lado”, así lo dijo un juez, deslindándose de toda responsabilidad en su trabajo. “Este caso se puede ir tan rápido como usted lo aceite, estimada”, así reviró el negociador enviado por la sala a la que le tocaba el asunto.
Lo que acabo de escribir no es ficción, sino la historia de terror y corrupción que día a día se vive en el poder judicial estatal.
La justicia en México no es pronta, expedita, accesible, transparente o sencillamente alcanzable como lo señala la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal en su informe de 2011, donde señaló que el nivel de impunidad del país roza 98%, es decir, sólo 1.5% del total de las denuncias presentadas llegan ante un juez. La Encuesta de Cultura de la Constitución del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM señala que sólo 8.7% de las personas encuestadas piensan que la justicia en México funciona bien y calificaba con 5.9 a los tribunales, magistrados y jueces. Finalmente, vale la pena remarcar que sólo 43.3% de la población piensa que los jueces son poco o nada independientes para tomar sus propias decisiones.
En suma, las calificaciones hacia las instituciones judiciales son malas, muy malas; sin embargo algo sucede que, como sociedad, continuamos sin elevar la voz de forma multitudinaria sobre lo que pasa con el acceso a la justicia. Pareciera que en este país la atención pública se concentra alrededor de los poderes ejecutivo y legislativo, pero reservamos poco tiempo y energía para hablar en la palestra pública de lo mal que va el poder judicial, especialmente en su esfera local.
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Con esto no quisiera demeritar el esfuerzo y los logros que ciertas organizaciones y la academia han tenido de manera brillante, como la reforma del sistema de justicia penal y la reforma constitucional de Derechos Humanos de 2011. Sin embargo, la justicia a nivel local continúa por la calle de la amargura.
Es un hecho conocido que el poder judicial es una ramificación de las fuerzas políticas en un estado, que las magistraturas y otros espacios de impartición de justicia son repartos de cuotas y que no existe tal cosa como la independencia judicial.
Sin embargo, no debemos conformarnos con esta realidad. Podemos cambiar nuestro sistema judicial local teniendo como prioridades el acceso a la justicia para toda la población; con designaciones transparentes basadas en elementos técnicos; e impulsando el servicio profesional de carrera por sobre las designaciones por intereses dados.
Nos han dicho que cambiar estos viejos vicios es imposible. Que el judicial local seguirá siendo de esa manera pues conviene a los partidos. Sin embargo, también dijeron eso de eliminación del fuero.
