Más de 30 razones para el 3de3

Un día de enero de 1992, Amy Elliot, una trigueña de 48 años nacida en Cuba y residente de los Estados Unidos desde los 17, la ejecutiva de más alto rango de Citibank en Manhattan, recibió una llamada en la pequeña oficina donde administraba las fortunas de ocho mexicanos con cuentas por decenas de millones de dólares. Era uno de sus clientes más veteranos y la llamaba para pedirle que se reunieran para presentarle a un amigo de la juventud.

Elliot llegó a un discreto sitio del Midtown neoyorquino y Carlos Hank González, ex gobernador del Estado de México y fundador del poderoso Grupo Atlacomulco, le presentó a su acompañante.

–Les presento a Raúl Salinas de Gortari –dijo Hank.

Hank le dijo a Elliot que su familia y los hermanos Salinas se conocían desde jóvenes y aportó amplias referencias personales como parte del ritual de convencimiento que facilitaba a un cliente desconocido ser aceptado por el banco, y se despidieron con el acuerdo de verse pronto para iniciar los trámites de rigor.

Elliot viajó a la Ciudad de México en mayo de ese año. Llegó con un mazo de documentos para que Raúl Salinas los firmara oficializando el inicio de una relación con Citibank.

–Le proponemos aceptarlo como cliente –dijo Elliot– sin ningún tipo de investigación sobre su trabajo, activos e historial financiero, en vista de todas las referencias provistas por el señor Hank.

Un mes después, en un reporte mensual, la señora Elliot escribió que estimaba que las potenciales inversiones de Salinas se situarían en un rango de entre 15 y 20 millones de dólares. Tras aceptarlo como cliente, la oficina de Citibank en Nueva York abrió cinco cuentas para Salinas y su familia.

Pero no era todo. Los ejecutivos de Confidas, una compañía privada de Citibank en Suiza, discutieron con Salinas acerca de abrir varias cuentas adicionales a nombre de una empresa fantasma.

“El cliente requiere un alto nivel de confidencialidad en vista del contexto político de su familia; esta relación se operará sobre las mismas líneas de otras cuentas a cargo de la señora Elliot, por lo que ella sólo estará al tanto de la confidencialidad de las cuentas, pero no tendrá conocimiento de los nombres de las empresas secundarias. Favor de tomar nota de que el cliente es extremadamente sensitivo sobre el uso de su nombre y no desea que circule en el banco”.

Cuando las cuentas comenzaron a funcionar, apareció un primer depósito por 2 millones de dólares en la cuenta de Salinas. A Elliot le llamó la atención que no provinieran del señor Salinas, sino de una transferencia electrónica desde una cuenta de su viejo amigo Carlos Hank González.

El dinero, adujo más tarde Hank, se lo había entregado Salinas un tiempo atrás para un negocio que no cuajó y ahora se lo devolvía. Los fondos se dividieron entre las cuentas del hermano del presidente en Nueva York y otras inversiones en el Reino Unido y Suiza.

En los dos siguientes años las cuentas que Salinas abrió en Nueva York se multiplicaron por 40 por medio de empresas fantasma, cuentas secundarias y triangulaciones monetarias, había logrado ocultar entre 80 y 100 millones de dólares por medio de Citibank.

¿De dónde obtuvo Salinas todo ese dinero? Los Salinas no eran millonarios. Don Raúl, el patriarca, había sido un funcionario de media tabla que llegó a ocupar una secretaría de Estado. Años más tarde, el hermano del presidente, apodado durante ese sexenio como “Mister ten percent” (el señor 10%) por las comisiones que se rumoraba que cobraba a los empresarios por obras asignadas, fue absuelto por un tribunal de cargos de enriquecimiento ilícito.

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LEE LA COLUMNA ANTERIOR DE WILBERT TORRE: PAREN SU TREN HACIA 2018

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La historia de Raúl Salinas es una de mil historias de corrupción e impunidad en la política mexicana que recordé esta semana en la que el Congreso votó en contra de la iniciativa ciudadana 3de3 que proponía declaraciones públicas, completas y obligatorias para todos los servidores públicos.

¿Qué partidos votaron en contra? Los que han sido plataforma y escenario de esas historias: el PRI y su partido compinche, el Partido Verde.

El PRI y sus secuaces esgrimieron como argumento el derecho a la privacidad. Los ciudadanos invocan el derecho a la transparencia en un país donde la corrupción ha alcanzado niveles impensados.

¿La privacidad puede ser un argumento válido en un país donde el servicio público ha sido el camino para amasar grandes fortunas?

Estos son más de treinta nombres de políticos, policías, empresarios, maestros, líderes sindicales, periodistas, obispos y otros personajes cuya riqueza  envuelta en escándalos, denuncias o sospechas de corrupción –grosera y evidente en unos casos, aparente en otros–, validaría la posibilidad de darse un paseo por sus declaraciones.

–Raúl Salinas de Gortari (sus cuentas por 80 millones de dólares)

–Elba Esther Gordillo (sus bolsas Vuitton, tantas como sus propiedades)

–Arturo El Negro Durazo (su Partenón de 700 millones de pesos)

–Carlos Hank González, poliempresario, autor del aforismo “un político pobre es un pobre político”

–Carlos Jonguitud Barrios, maestro millonario

–Carlos Romero Deschamps, ahorrador líder petrolero

–Arturo Montiel, exgobernador priista del Estado de México

–Andrés Granier, exgobernador priista de Tabasco preso por delitos de corrupción

–Juan Sandoval, obispo acusado de lavado de dinero

–Mario Villanueva Madrid, exgobernador priista preso en Estados Unidos

–Javier Duarte, gobernador de Veracruz, mago que convirtió en humo más de 3 mil millones de pesos

–César Duarte, gobernador priista de Chihuahua que se compró un banco

–Regino Díaz Redondo, exdirector de Excélsior tras el golpe a Julio Scherer

–Humberto Moreira, exgobernador priista de Coahuila

–René Bejarano, el señor de las ligas

–Víctor Flores, millonario líder de los trabajadores ferrocarrileros

–Tomás Yarrington, exgobernador priista prófugo

–Jorge Lankenau, banquero

–Guillermo Cosío Vidaurri, exgobernador priista de Jalisco

–Ulises Ruiz, exgobernador priista de Veracruz

–Carlos Ahumada, empresario preso por corrupción

–Rosario Robles, exjefa del gobierno perredista de la Ciudad de México

–Mario Marín, exgobernador priista de Puebla

–Onésimo Cepeda, obispo de Ecatepec acusado de lavado de dinero y fraude

–Claudio X. González, empresario

–Gonzalo N. Santos, exgobernador priista y autor del aforismo “la moral es un árbol que da moras”

–Miguel Ángel Yunes, exPRI, gobernador electo de Veracruz

–José Murat, exgobernador del PRI en Oaxaca, a quien The New York Times atribuye seis inmuebles millonarios en Estados Unidos

–Jorge Hank Rhon, empresario, hijo del profesor

–Xicoténcatl Leyva, exgobernador priista de Baja California

–Leonardo Rodríguez Alcaine, líder de la CTM

–Luis Armando Reynoso, exgobernador panista de Aguascalientes

–Pablo Salazar, exgobernador priista de Chiapas

–Joel Ayala, líder sindical

–La familia González Torres, propietaria del Partido Verde

–Narciso Agúndez, exgobernador de perredista de Baja California Sur

–Rodrigo Medina, exgobernador priista de Nuevo León

–Amalia García, exgobernadora perredista de Zacatecas

–Guillermo Padrés, exgobernador panista de Sonora

–Fidel Velázquez, eterno líder de los trabajadores mexicanos

–Los Figueroa, en Guerrero

–Napoleón Gómez Urrutia, líder de los trabajadores mineros

–Jacobo Zabludovsky, periodista ligado a varios gobiernos del PRI

–Joaquín López Dóriga, acusado públicamente de corrupción desde los 80; la empresaria María Asunción Aramburuzavala acusó de extorsión a su esposa, Adriana Pérez.