Hacia una Defensoría Pública de calidad

El gobierno de la CDMX busca mejorar la calidad de sus abogadxs de oficio y acercar sus servicios a la ciudadanía

Por Saúl Hernández

Tal vez el nombre de “Defensoría Pública” te suene poco familiar, en especial si nunca has tenido la necesidad de involucrarte en un juicio ya sea como parte demandante o demandada. En palabras simples, lxs defensorxs públicxs son abogadxs que ofrecen sus servicios legales a las personas que no tienen el dinero para pagar un bufete privado.

En el gobierno capitalino existe un gran despacho de alrededor de 640 abogadxs que brindan a lxs chilangxs orientación jurídica y defensa legal en materias civil, familiar, mercantil, penal y de justicia especializada en adolescentes, todo de manera gratuita, lxs cuales dependen de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México (CEJUR).

El abogado Levi Salazar lleva dos años y medio formando parte de este ejército de litigantes que conforman la Defensoría Pública de la CDMX. Para él, ser defensor público significa “defender las garantías y derechos de las personas que no tienen los recursos para contratar a un abogado particular para que no se les violente ni se sigan cometiendo abusos e injusticias en su contra”.

Con el inicio del gobierno de Clara Brugada, la nueva administración que llegó a la CEJUR ha implementado una serie de acciones para capacitar y actualizar a sus defensorxs públicxs a fin de que sus servicios jurídicos sean de primer nivel, pero también para dignificar y reconocer su trabajo a favor de la ciudadanía.

Además, siguiendo la política de la mandataria capitalina de llevar su gobierno hasta la puerta de la vivienda de las personas, la Defensoría Pública se ha sumado a este esfuerzo enviando a sus abogadxs a las jornadas del programa “Casa por Casa” que semanalmente se llevan a cabo en distintos puntos de la ciudad.

En palabras de Juan José Torres Tlahuizo, director general de Servicios Legales de la CEJUR, se persiguen tres propósitos fundamentales: acercar la Defensoría Pública a la gente, que su servicio sea de la misma calidad que el que ofrece un despacho privado y dignificar el trabajo de las personas defensoras.

“El objetivo es crear una Defensoría Pública especializada, pero además cercana a la gente, que los defensores no vayan solamente a la oficina… Vía el programa ‘Casa por Casa’, por ejemplo, vamos con defensores públicos a que la gente nos cuente qué problemáticas tienen”, explica en entrevista a Chilango Diario.

Capacitar para mejorar

Son las 16:00 del jueves 19 de junio y estamos en el Acervo Histórico de Notarías de la CDMX. Este antiguo edificio localizado a un costado del Hemiciclo a Juárez es la sede donde comenzó el nuevo “Curso Básico sobre Interpretación, Argumentación, Razonamiento Probatorio y Teoría del Caso” brindado a un centenar de abogadxs de la CEJUR.

Se trata del tercer taller de este tipo impartido por especialistas en la materia con el que se busca actualizar a lxs más de 600 licenciadxs en Derecho que forman parte de la Defensoría Pública. En dos generaciones previas ya se han capacitado a 164 abogadxs y de esta tercera saldrán otrxs 120.

Torres Tlahuizo explica que la idea es preparar a toda la plantilla de defensorxs para posteriormente pasar a talleres de mayor complejidad en los que se llegue al punto de incluso hacer simulaciones de juicios orales y análisis de casos de éxito, todo para ir mejorando la calidad de la defensa que ofrecen.

Lxs asistentes entrevistadxs manifestaron su optimismo con el rumbo que ha tomado la Defensoría Pública en la capital y coincidieron en la importancia de seguir formándose.

Es el caso del abogado Apolinar Ramírez, quien opina que dichos cursos le brindan herramientas para poder mejorar su trabajo. Destaca que la actual Defensoría además es incluyente, no sólo por haberle dado empleo a sus 45 años y a pesar de su discapacidad motriz, sino también porque da igualdad de trato a personas adultas mayores, con discapacidad y de la comunidad LGBTIQ+.

Otro ejemplo es el de la defensora pública Aidé Cerón, quien afirma que “este tipo de cursos nos ayudan para poder llevar a cabo nuestro trabajo con calidad y, ¿por qué no?, con calidez a los ciudadanos”.

Por su parte, la abogada Itzia Pérez destaca que en sus más de dos años trabajando como defensora pública es la primera vez que recibe un curso de este tipo, lo que considera valioso ya que “quien deja de capacitarse, deja de ser abogado”.

Resistencia al cambio

Sin embargo, los cambios que tienen lugar en la Defensoría Pública no han caído del todo bien en algunxs de sus integrantes. En días recientes, un grupo de cerca de 50 trabajadorxs se ha manifestado en contra de las nuevas directrices en la CEJUR, alegando hostigamiento laboral y salarios precarios, además de que han exigido las renuncias de lxs funcionarixs que encabezan la dependencia.

Éste, sin embargo, no es el sentir de la mayoría de lxs más de 600 defensorxs. Incluso, abogadxs como Levi Salazar afirman que “se han desmantelado redes de personas que estaban ‘becadas’, y decimos ‘becadas’ porque no se presentaban a trabajar y sin embargo seguían cobrando”.

“Si eres defensor público, [entonces] tienes que trabajar. Y no son imposiciones, simplemente nos piden hacer a lo que estamos obligados, que es venir a trabajar como defensores de oficio. No piden más de lo que indica la ley”, añade Salazar.

Juan José Torres afirma que lo que buscan al final es que se conozca y se reconozca al defensor público, que se le dé la importancia que tiene en el sistema de justicia y que la CDMX “pueda estar orgullosa de contar con una de las mejores defensorías públicas del país”.

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• El artículo 17 de la Constitución indica que la Federación y las entidades federativas deben garantizar un servicio de defensoría pública de calidad para la población