La investigación llevada a cabo por Tojil, organización de abogadas que se dedican al litigio estratégico contra la corrupción, señala a dos altos funcionarios del Politécnico Nacional de estar vinculados con una red de empresas irregulares y fantasma
El Instituto Politécnico Nacional (IPN) dijo que “no tolerará ningún acto irregular que empañe el trabajo de esta casa de estudios”, luego de que se dio a conocer una presunta red de empresas fantasmas vinculada a altos funcionarios de la institución, misma que habría triangulado recursos públicos por hasta 3 mil 300 millones de pesos.
“De existir alguna investigación por parte de las autoridades correspondientes, el IPN mantiene el compromiso y disposición total para proporcionar la información y documentación que sea requerida. De recibir resolución en contra de algún servidor público se actuará conforme a la ley”, puntualizó la casa de estudios en un comunicado.
La investigación llevada a cabo por Tojil, organización conformada por abogadas que se dedican al litigio estratégico contra la corrupción, señala al actual jefe de Administración del IPN, Javier Tapia Santoyo, y al coordinador de Imagen Institucional del mismo instituto, Marco Antonio Ramírez Urbina, de estar vinculados con una red de empresas irregulares y fantasma que ha recibido y triangulado más de 3 mil 300 millones de pesos del erario.
Estos contratos, provenientes del sector salud e incluso de instancias como las Fuerzas Armadas, fueron otorgados a un conjunto de 84 empresas fantasmas, encabezadas por Interacción Biomédica SA de CV, compañía declarada por el SAT como la mayor empresa facturera (empresa que emite facturas de operaciones ficticias) del sector salud.
Al respecto, la institución educativa aclaró que el IPN es coordinado por el sector educación, no por el sector Salud, “por lo que sus procedimientos de contratación de cualquier servicio no se consolidan o integran en este último”.
Fiscalía investiga desde 2022
La investigación, publicada en conjunto con un medio informativo nacional, detalla que al menos desde 2020 existen investigaciones contra esta red de empresas por irregularidades patrimoniales y enriquecimiento ilícito, entre otras.
“Desde 2022, la Fiscalía General de la República abrió la carpeta de investigación FED/FEMCC/FEMCC-CDMX/0000753/ en contra de Tapia y de su círculo por posibles hechos de corrupción y enriquecimiento ilícito”, señala la investigación.
Destaca que la denuncia fue presentada por la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, quien fungió como jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), y también por la Secretaría de Función Pública.
