Realizar este proceso en México tiene su complejidad, pero no por los motivos que todxs creen
Por Saúl Hernández*
Cuando escuchas hablar de adopción es probable que pienses en un proceso engorroso, larguísimo y muy cansado, y en parte es cierto, pero no por las razones que todo el mundo cree.
Para entender el verdadero problema por el que cada año se concretan menos de 200 adopciones en México, según cifras oficiales, entrevistamos a cuatro personas que están muy empapadas del tema: un abogado especialista en juicios civiles y familiares, un matrimonio que lleva más de 36 años capacitando a futuros padres y madres adoptivxs y un funcionario de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, dependiente del DIF nacional.
Si tuviéramos que resumir los principales obstáculos que retrasan los procesos de adopción, hablaríamos de tres:
- La dispersión normativa: en el lenguaje de lxs abogadxs, ocurre cuando una misma figura jurídica (en este caso la adopción) está regulada por distintas leyes y no siempre de manera armonizada. En palabras más simples, significa que las reglas para adoptar no son iguales en todos los estados del país.
- El juicio de pérdida de patria potestad: aunque no forma parte del proceso de adopción, sino que le antecede, se trata del verdadero problema que hace que las familias demoren años y años en poder llevarse a lxs pequeñxs a casa.
- Falta de personal: en este caso, de las instituciones de gobierno encargadas de procesar las adopciones.
La buena noticia es que hay avances para reducir estas trabas y hacer del proceso para adoptar un trámite más sencillo y rápido. Eso sí, siempre cuidando el interés superior de las infancias y adolescencias y su derecho humano a vivir en familia.
Problema uno: laberinto de leyes
Hoy en día no existe un proceso homologado en el país para poder adoptar. Esto se debe a que históricamente cada entidad federativa tuvo la facultad de imponer sus propias reglas, tiempos y requisitos, ya sea en reglamentos específicos o en sus códigos civiles. Es así que las condiciones que aplicaban en un estado no necesariamente lo hacían en otro.
El 3 de junio de 2019 la cosas comenzaron a cambiar con la entrada en vigor de la reforma a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la cual establece requisitos uniformes de adopción en todo el país, lo que significa que las entidades federativas debían ajustar sus legislaciones para hacerlas congruentes con esa ley general. Esto representó un parteaguas para estandarizar procesos y erradicar las malas prácticas que había en algunas entidades, como por ejemplo, exigir que las personas adoptantes fueran “de buenas costumbres”, lo que sea que eso signifique y que al final se dejaba a criterio de cada autoridad.
Problema dos: pérdida de patria potestad
Este es el problema por el que se piensa que la adopción es un camino largo y tortuoso, aunque en realidad no forma parte de la adopción, sino de un paso previo. Lo que pasa es que sólo se puede iniciar el proceso de adopción de un niño, niña o adolescente cuando su situación jurídica queda resuelta, esto es, cuando su familia biológica pierde legalmente la patria potestad sobre ellxs. Y esto sólo se logra mediante un juicio de pérdida de patria potestad.
Suena difícil de creer, pero el padre o la madre biológicxs, incluso habiendo maltratado, abandonado o abusado del menor, tienen derecho a pelear la patria potestad en tribunales. Y no sólo lxs padres, también lxs abuelxs. Incluso familiares de segundo o tercer grado, como un tío o tía, podrían pedir a un juez la tutela. Y mientras no se resuelvan estos juicios, no se puede avanzar en lo demás y lxs menores deben permanecer en casas hogar conocidos como Centros de Asistencia Social (CAS), de los que hay cerca de 1,000 en todo el país.
La larga espera tiene efectos negativos en el desarrollo de lxs niñxs y adolescentes de los CAS ya que, de acuerdo con el Newman Institute, por cada tres meses que pasan en una institución de acogida, pierden un mes de desarrollo.
Problema tres: falta de personal
Desde la sociedad civil hay una tercera preocupación y tiene que ver con que la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes ahora determina que las procuradurías de protección federal y locales, dependientes del DIF nacional y los estatales, son las únicas instancias que pueden llevar a cabo los procesos de adopción y expedir los certificados de idoneidad que requieren las familias que quieren adoptar, excluyendo a las organizaciones no gubernamentales de esta labor.
Aurora González, directora de Mejores Familias, opina que esta modificación ha aletargado aún más los procesos de adopción porque las autoridades están rebasadas.
Lo cierto es que los últimos datos publicados por el DIF nacional, con base en la información que recibe de los sistemas estatales más su propia estadística, indican que el número de adopciones ha caído en los últimos años, pasando de un pico de 297 adopciones concluidas en el año 2022 (el más alto desde 2014) a 165 el año pasado. Por ahora, de acuerdo con el último dato del DIF nacional, a diciembre del año pasado 4,102 niñas, niños y adolescentes estaban inscritos en el Registro de Adopciones, esperando poder iniciar una nueva vida con una nueva familia.
Si quieres adoptar pero requieres más información y preparación, acércate a organizaciones como Mejores Familias. Pide informes al 55 5421 3199 o 55 6553 2672; por WhatsApp al 55 7833 6836 o escribiendo a [email protected]. También checa su página www.mejoresfamilias.com.mx
- 165 adopciones se concretaron en el año 2024, cuando en 2022 se concluyeron 297
- 14 estados cuentan con leyes específicas de adopción; el tema en la CDMX se sigue rigiendo por su Código Civil
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*Texto adaptado para Chilango Diario
