La CNDH identificó expresiones de violencia política, ejercida desde y hacia candidatos, así como en los discursos reproducidos en medios informativos y redes sociales
Las campañas electorales 2023-2024 en México iniciaron el pasado 1 de marzo, inmersas en un clima viciado por la difusión de discursos difamatorios y mensajes de miedo, impulsados mediante propaganda negra además de desinformación, de acuerdo con el Primer Informe sobre Violencia Política para la Protección y Defensa del Derecho a la Democracia, emitido por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Este tipo de prácticas tienen el objetivo de denostar a los rivales para ganar adeptos: además “no sólo se ejerce desde y hacia aspirantes a puestos de elección popular, sino también y prioritariamente, desde los discursos que reproducen los medios de comunicación o en redes sociales”.
El análisis incluye la presentación de un Escalómetro de violencia política, que mide 22 categorías de riesgo, divididos en tres etapas: ¡Alerta!, ¡Cuidado! y ¡Peligro! La primera fase engloba acciones como la divulgación de infundios, acoso para desalentar la participación política, y discriminación (por género, condición física, económica, ideologica u origen étnico); la segunda apunta a daños a la propiedad, cateos ilegales, discursos de odio o amenazas, utilización política de instancias de procuración de justicia; mientras que la tercera fase incluye actos como desaparición forzada, tortura, asesinato o alteración de resultados electorales, entre otros.
El papel de los medios
De acuerdo con la comisión, en febrero pasado identificó algunas expresiones de violencia política, no sólo ejercida desde y hacia aspirantes a puestos de elección popular, sino también desde los discursos reproducidos en medios informativos y redes sociales. A partir de un monitoreo de medios del 15 de febrero al 1 de marzo de 2024, fueron identificadas 81 notas periodísticas, videos, columnas y artículos de opinión difundidas en diversos medios informativos, las cuales alertan sobre atentados o posibles riesgos que vulneran el derecho a la democracia, por violencia política.
La divulgación de esa información involucra a las instituciones del Estado vinculadas con la planeación, organización y ejecución de las elecciones; aspectos que conforman la participación ciudadana antes, durante y después del proceso de elección; el acceso a información veraz, el respeto de los derechos político-electorales de la población, de las y los candidatos; la libre manifestación de las ideas de todos los sectores involucrados (autoridades y ciudadanos), entre otras.
La CNDH enumera diversos momentos donde este tipo de campañas resaltaron mensajes con dicha retórica de violencia política, la cual, advierte, “ponen en riesgo el ejercicio del derecho a la democracia”. Entre ellos, la difusión de la campaña “narco presidente”, y el discurso del expresidente del Instituto Nacional Electoral Lorenzo Córdova, quien “planteó una retórica en torno a un posible atentado contra la democracia del país”. Dichas expresiones, detalla la CNDH, ocurrieron durante la movilización del pasado 18 de febrero, denominada Marcha por la democracia, donde “se reprodujeron expresiones y discursos racistas y clasistas”.
A pesar del contenido y objetivo del discurso, acota, se normaliza la discriminación contra ciertos sectores de la población nacional y extranjera, además impulsa una o varias campañas negras o guerras sucias como instrumento para la manipulación electoral. En cuanto a los medios informativos, advierte la existencia de una campaña sucia similar a la utilizada en diversos países de Latinoamérica, como Colombia, Argentina, Bolivia y recientemente Perú.
Asesinatos y secuestros
A este contexto se suman los asesinatos de candidatos, como el de Manuel Hernández, aspirante a diputado por Morena en Veracruz; el de Manuel Arriaga, regidor por el PT de Cualac, Guerrero; Miguel Ángel Reyes, precandidato a edil por Morena en Maravatío, Michoacán; además del intento de secuestro del aspirante a alcalde de Taxco, Guerrero, el priista Omar Jalil Flores, y del excandidato a alcalde de Alto Lucero, Veracruz, Efraín García Salas, de Fuerza por México.
