Las y los ciudadanos que porten y consuman cannabis en la Ciudad de México o el país no deben ser tratados como criminales, razón por la que el legislador Royfid Torres González, acompañado por integrantes del Movimiento Chilango, instalaron un puesto de información y llenado de formularios para tramitar permisos de portabilidad ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS).
Durante la instalación de un puesto de orientación y registro a las afueras del Congreso de la Ciudad de México por parte de integrantes del Movimiento Chilango, el congresista por Movimiento Ciudadano llamó a activar nuevamente la discusión al respecto a nivel federal en el Senado y Cámara de Diputados de San Lázaro y en el ámbito local.
“Estamos convencidos que debemos informarnos, poner nuevamente sobre la mesa de discusión pública la regulación y descriminalización del cannabis. Es un tema de agenda de Movimiento Ciudadano de mucho tiempo, para dejar de criminalizar a los consumidores por su portación simple, entonces estamos aquí apoyando a quienes deseen tener su permiso y no sean criminalizados”, dijo.
Al realizar su registro de manera presencial, el coordinador de la Asociación Parlamentaria Ciudadana lamentó que hayan retirado algunas zonas de tolerancia de consumidores, ya que esto retrasará la posibilidad de tener instrumentos legislativos para su regulación.
“El tema es que la mayoría en la Cámara de Diputados y Senado no entienden que no se trata de un tema de seguridad, sino de salud pública, lo que empantana la discusión con muchos prejuicios a nivel gobierno y sociales”, estimó.
El puesto de información y apoyo estuvo colocado desde las 11:00 y hasta las 14:00 horas, en la que fueron atendidos decenas de personas, como Juan, quien visitó el Centro Histórico por un asunto laboral, pero al encontrar la opción decidió registrarse.
“Soy consumidor desde los 20 años y en varias ocasiones me han detenido por fumar en la calle y, en consecuencia, por portar. En ocasiones les he tenido que dar a los policías hasta mil 500 o dos mil pesos con la amenaza de que si llegamos al MP me van a pedir las perlas de la virgen o meterme directamente al Reclusorio”, indicó el joven de 27 años.
El habitante de la alcaldía Gustavo A Madero añadió que no tenía conocimiento que el trámite no tenía costo, pues había tenido contacto con abogados que cobran de 25 a 50 mil pesos por tramitar el permiso y amparos por portabilidad.
Los registros realizados serán ingresados ante la COFEPRIS, quien tarda alrededor de 40 días en dar respuesta a las solicitudes.
