Organizaciones exigen a México no ceder ante EU en políticas antiinmigratorias

Por: Alberto Rivera Meza
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En una carta dirigida a la canciller Alicia Bárcena, advirtieron del incremento de las expulsiones de connacionales en ese país

Organizaciones de la sociedad civil y personas defensoras de derechos de personas migrantes llamaron a las autoridades mexicanas a no aceptar ningún acuerdo adicional con Estados Unidos que incremente las expulsiones de connacionales, “transgrediendo aún más el derecho a solicitar y recibir asilo y exponiendo a las personas en situación de movilidad a abusos y violaciones a derechos humanos.

“México no debe volver a aceptar acuerdos vinculantes que incrementen expulsiones de personas desde Estados Unidos, que vulneren el derecho a solicitar y recibir asilo y exponerlas a peligros innecesarios”.

Advirtieron que legisladores de Estados Unidos planean establecer medidas más severas que la política de devoluciones Título 42; por ejemplo, permitir que el presidente estadounidense, Joe Biden, anuncie emergencia en cualquier momento, cierre la frontera sur e incremente las expulsiones expeditas.

“Algunas personas legisladoras estadounidenses han propuesto elevar los estándares de elegibilidad para pasar la entrevista de miedo creíble, limitar el número de personas que pueden solicitar asilo, aumentar las deportaciones expeditas, incrementar el uso de detención migratoria, instalar una política de tercer país seguro para restringir el acceso al asilo de personas en la frontera (sin entrar en un acuerdo bilateral formal), así como disminuir las emisiones de permisos temporales humanitarios, entre otras”, explicaron.

En una carta dirigida a la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Alicia Bárcena, expusieron que en el marco de la discusión del presupuesto federal para el año fiscal 2024 en el Congreso del país vecino, integrantes del Partido Republicano presionan para endurecer las políticas migratorias hacia poblaciones en la frontera sur y migrantes que han vivido durante años en territorio norteamericano. Dicha coerción, aseguraron, es a cambio de la aprobación de 106 mil millones de dólares para asistencia militar en Ucrania e Israel.

Asimismo señalaron que muchas de esas propuestas requieren de colaboración directa del gobierno mexicano y surgen en un contexto en donde los gobiernos de México y Estados Unidos ya están infringiendo las legislaciones nacionales e internacionales de asilo.

“Ambos países, en negociaciones poco transparentes, han acordado regresar desde Estados Unidos a México hasta mil personas al día de nacionalidad cubana, nicaragüense, venezolana y haitiana, a través de la ley migratoria estadounidense Título 8. Previo a ello, habían acordado expulsiones bajo el Título 42 y el Protocolo Quédate en México (MPP por sus siglas en inglés)”, denunciaron.

En la misiva indicaron que estas políticas tienen consecuencias devastadoras para las personas migrantes en México, como violaciones a los derechos humanos; aumento de las expulsiones expeditas sin posibilidad de solicitar asilo y la falta de emisión de un programa de protección para las personas retornadas a México.

Ante esa situación, urgieron al gobierno de México a poner en práctica una política exterior consistente en materia de derechos humanos y asegurar una gestión migratoria de responsabilidad compartida. También a mantener comunicación fluida con el gobierno de Estados Unidos para garantizar el tránsito seguro de personas en la frontera compartida, evitando que decisiones unilaterales determinen el diseño e implementación de la política migratoria mexicana, y salvaguardando los derechos humanos de las poblaciones en contextos de movilidad.

Entre las organizaciones firmantes del documento, están Bloque Latinoamericano sobre Migración: Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Comisión Argentina para los Refugiados y Migrantes (Caref), Red Nacional de Líderes Migrantes en Argentina, Cáritas Brasileira, Centro de Direitos Humanos e Cidadania do Imigrante – CDHIC – Brasil, Instituto Migrações e Direitos Humanos, Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados de la Universidad Diego Portales-Chile, Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (FASIC), además de Alexandra Hunt, Ana Hurtado, Lucía Luengas, Marco Vinicio, Mercedes Pérez, Moisés Pérez Espino, entre otros.