Un gobierno descompuesto

El 14 de junio pasado estuve en el zócalo de Oaxaca para participar con un grupo de organizaciones de la sociedad civil en un evento que tenía como fin el reflexionar sobre el conflicto desatado 10 años atrás en el estado, a causa del fallido y brutal intento de desalojo del plantón de maestros de la sección 22. A lo largo de 10 horas, además de lluvia ocasional, hubo discusión, música y cine sobre los hechos del 2006.

Pero se percibía en el ambiente un clima de riesgo latente de que los hechos rememorados volvieran a repetirse en cualquier momento. Apenas unos días antes habíamos amanecido con la noticia de que el secretario general de la sección 22, Rubén Nuñez Ginés, y el secretario de organización, Francisco Villalobos, habían sido detenidos y desterrados a una cárcel del lejano desierto de Sonora. Con esta acción en contra de los interlocutores formales del movimiento opositor a la reforma, el gobierno federal seguía cerrando y martillando la puerta de una discusión democrática exigida por miles de maestros inconformes con la nueva política laboral que busca imponerles la secretaría de Educación.

Antes de estas detenciones, si bien Oaxaca no estaba tranquila, había cierta expectativa de avanzar en la resolución política del conflicto, luego de que el candidato que ganó la gubernatura estatal, Alejandro Murat Hinojosa, había anunciado que una vez en el cargo instalaría la mesa de diálogo rechazada por el gobernador Gabino Cué y el secretario de Educación, Aurelio Nuño. Coincidencia o no, las detenciones de Nuñez y Villalobos se ejecutaron justo el día en que Murat recibió su constancia como gobernador electo.

Habría que recordar que el encarcelamiento de los dirigentes magisteriales se sumó al de otros maestros, así como al envío de miles de policías a sitiar Oaxaca, a la intimidación a opositores de la Reforma y a la campaña pública de demonización de la Coordinara Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), un sindicato con sus defectos, pero más democrático y limpio que cualquiera de los sindicatos al servicio del PRI, por ejemplo el de los ferrocarrileros que dirige el pistolero Víctor Flores, o el de los petroleros, a cargo del millonario Carlos Romero Deschamps, ambos personajes impunes al día de hoy.

Así fue como la línea autoritaria del gobierno federal, luego de varios meses de aplicarla, finalmente logró despertar la indignación popular en el segundo estado más pobre del país. En 2006 me había tocado atestiguar cómo a lo largo de un par de meses la ciudad de Oaxaca era sitiada por el movimiento social, pero en 2016, miles de manifestantes pudieron sitiar el estado por completo en sólo tres días, bloqueando los principales accesos a la entidad con el apoyo de cientos de padres de familia y miembros de organizaciones sociales. La exigencia fue clara desde el primer día: “No nos moveremos hasta que el gobierno acepte dialogar con los maestros”.

¿Y qué hizo el gobierno federal? Contrario a lo que pudiera pensarse, en lugar de instalar una mesa de diálogo, decidió enviar a cientos de policías, muchos de ellos armados con rifles, a resolver un problema de evidente índole política. Las consecuencias son trágicas por las nueve personas fallecidas y decenas que fueron heridas en Nochixtlán: Una nueva capa de dolor se despliega sobre la superficie oaxaqueña.

En cambio, hasta el momento no ha habido consecuencias concretas para el secretario Nuño, más allá de que aparentemente ha sido desplazado por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, en el manejo de la crisis. A la par, algunos hablan de que el subsecretario Otto Granados y el comisionado de la policía federal, Enrique Galindo, serán las ofrendas que dará el irresponsable funcionario que durante tres años fungió como Jefe de la oficina del presidente Enrique Peña Nieto.

Para alguien que trabajó en una instancia como la Comisión de la Verdad, creada con el fin de investigar las violaciones graves a los derechos humanos cometidas contra el movimiento social del 2006 y 2007 en Oaxaca, lo sucedido cuatro meses después de entregar el 29 de febrero un informe de más de mil páginas señalando mecanismos, modos, planes, grupos y actores represivos operando en Oaxaca, es una demostración de que los principales actores del Estado mexicano no tienen la voluntad política de combatir el autoritarismo y la corrupción.

Si la tuvieran, además de resolver la aplicación de la Reforma Educativa mediante un plebiscito o alguna forma democrática en los estados en que miles de maestros y padres la rechazan, también empezarían por dar justicia a las cientos de víctimas que dejó la represión del 2006, porque la impunidad que existe hoy en Oaxaca es del tamaño del Cerro del Fortín. Y si no se atiende esa raíz del problema, seguiremos agregando fechas trágicas, como la del 19 de junio en Nochixtlán, al adolorido calendario nacional, a la par de que este gobierno federal seguirá acelerando su actual estado de descomposición.

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Testigo y narrador de conflictos del primer cuarto del siglo XXI en México y otros países. Su más reciente libro es Slim (Debate, 2015). Participó en la Comisión de la Verdad de Oaxaca que investigó y consignó a funcionarios por ejecuciones extrajudiciales y actos de tortura. Cofundador de agenciabengala.com.