Apenas estamos en noviembre, pero no me queda duda de que este año será el de los escándalos de corrupción de los gobernadores y los pobres avances que se han registrado para enfrentar su impunidad, a pesar del encarcelamiento del sonorense Guillermo Padrés.
Basta recordar que arrancamos 2016 con las denuncias del Bronco contra su antecesor, el priista Rodrigo Medina, en Nuevo León. Pero seguimos con los estados que vivieron la alternancia por las elecciones de junio pasado: Veracruz, Chihuahua, Tamaulipas, Quintana Roo y Durango.
Habría que sumar al menos dos casos de presuntos vínculos con el narcotráfico: Eugenio Hernández y Tomás Yarrington, de Tamaulipas.
Y no dudo que debamos sumar (muchos) otros.
Pero quizá lo que nos debe preocupar de este año son las constantes que se presentan:
1. Ninguno de los tres principales partidos está libre de culpa. La alternancia no fue la solución. Quedó claro que es un problema sistémico, que devoró a los partidos de oposición y que hay muchos cómplices impunes.
2. Es una constante que la clase política estatal —no sólo el partido en el gobierno— fue cómplice de los gobernadores. Los partidos aprobaron cuentas públicas, deuda y nombramiento de contralores. No sirvieron de contrapeso y no fueron los principales denunciantes.
3. Las contralorías probaron su inutilidad, su falta de autonomía. De ahí tampoco salieron las denuncias.
4. No hay leyes ni órganos estatales capaces de controlar el gasto público. Y apenas hay sociedad civil y medios de comunicación —salvo cada vez más excepciones— dispuestos a suplir estas carencias.
5. Y, por supuesto, tenemos un gobierno federal cómplice, que no investiga ni sanciona con el pretexto del federalismo.
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Lo que este año deja en claro es que no hay controles ni instituciones, además —por supuesto— de voluntad política. Que los casos se acumulan, pero no se investigan y mucho menos se resuelven, salvo cuando conviene políticamente. Que el tema es —debe ser— prioritario en la agenda y mina la confianza en las instituciones y la democracia, en la procuración de justicia, además de que afecta rubros tan diversos como el combate a la pobreza o la violencia.
En contraste con este 2016, 2017 debería de ser el año del Sistema Nacional Anticorrupción. No será fácil. Obviamente no por estar en la ley es un tema resuelto. Pero la apuesta tiene que ser esa: instituciones, procuración de justicia, fin a la impunidad.
Ya haremos el balance.
