Fotografía: cortesía. Texto por Mauricio Huesca Rodríguez.
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en la sentencia dictada en el juicio SUP-JDC-352/2018 y acumulado, reconoció que las personas en prisión preventiva tienen el derecho a votar, ya que no cuentan todavía con una sentencia condenatoria ejecutoriada.
La resolución fue emitida durante 2019 y trata de un criterio emblemático que afronta una parte de la estigmatización y visibiliza la situación de vulnerabilidad que desafían las personas en prisión preventiva, derivado de la falta frecuente de políticas públicas y las condiciones de los centros de reclusión.
Según las cifras proporcionadas por el Cuaderno Mensual de Estadística Penitenciaria Nacional del mes de abril, publicado por la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana, el 40.35% de esta población se encuentra procesada en México, es decir, no cuenta con una sentencia firme. La privación preventiva condena de manera previa a las personas, al eliminar su calidad de ciudadanas; las priva de sus derechos políticos y las excluye de la comunidad, dejándolas en total desventaja, ya que dicho mecanismo no se funda en la culpabilidad, sino en una falta de organización gubernamental. Por ello, considero un paso mínimo, pero hacia adelante, la reforma aprobada el pasado 30 de mayo por el Congreso de la Ciudad al Código Electoral local, en el que se reconoce el derecho a votar a los cargos de elección popular y cualquier mecanismo de participación ciudadana de las personas en prisión preventiva; además de dotar al Instituto Electoral de facultad para celebrar convenios con autoridades de gobierno federales y locales para ese fin, garantizado de esta manera el derecho al voto.
Hoy, sin duda, existen retos primordialmente presupuestales para la implementación de la reforma antes mencionada; sin embargo, son avances que potencian la voz de grupos que están en situación de vulnerabilidad, principalmente porque se encuentran bajo la tutela del Estado.
Mauricio Huesca, es licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), campus Ciudad de México, institución en la que también obtuvo un grado de maestro en Derecho Internacional. Desde septiembre de 2017 es Consejero Electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM).
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