Cártel inmobiliario afectó calidad de vida en alcaldía Benito Juárez

Por: Redacción
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Fotografía: Cortesía Texto por Carlos Navarro

Abasto de agua, movilidad y corrupción atentaron contra vecinos.

Por años, el discurso en esta demarcación fue “tener la mejor calidad de vida”, pero desde el poder se dilapidó lo que el Índice de Desarrollo Humano acreditó en este territorio.

En noviembre pasado el alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada, aseguró que su demarcación “es el mejor lugar para vivir de la Ciudad de México”; en contraste, desde el 2009 a la fecha, el grupo político al que pertenece es señalado por formar parte de un esquema de corrupción inmobiliaria que afectó a los benitojuarenses.

En entrevista con Máspormás, el titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI), Carlos Ulloa Pérez, aseguró que el Cártel Inmobiliario atentó contra la calidad de vida en Benito Juárez. “Hay construcciones de uno hasta siete niveles de más en 130 inmuebles, y la suma de estos niveles excedentes es de 264 pisos. Por eso lo comparamos con el edificio más alto del mundo, ubicado en Dubái. Esto genera una mala calidad de vida para los vecinos de Benito Juárez, sobre todo por el bajo suministro de agua en estos tiempos, además de varios problemas de movilidad. En el fondo, todo es ocasionado por la corrupción, es una cadena de corrupción”, aseguró.

En meses pasados, el Gobierno local estimó que la corrupción inmobiliaria en la alcaldía Benito Juárez representa una defraudación de más de 7 mil 142 millones de pesos, que comprende la construcción de estos 264 pisos excedentes en 130 inmuebles edificados de 2008 a 2022.

60 y contando

El 12 de septiembre de 2022, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda instaló la Mesa de Atención y Registro de Irregularidades Inmobiliarias para la atención de personas que pudieran ser víctimas de actos de corrupción inmobiliaria en Benito Juárez y en otras alcaldías.

Meses después, han acudido 60 representantes de los 130 edificios involucrados en este esquema de corrupción. “Nosotros les mandamos una carta a los 130 inmuebles para que se acerquen a esta oficina y puedan solicitar ellos mismos la visita del Instituto de la Seguridad de las Construcciones, ya que lo más importante es salvaguardar la seguridad de los habitantes de esos pisos excedentes; lo primero es saber si esos edificios están construidos para soportar esas alturas, porque no es lo mismo hacer un proyecto arquitectónico sobre cinco niveles a 10 niveles. De ese volumen, tenemos 60 que se han acercado a la secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y se hizo la mesa informativa con cada uno de ellos. La corrupción es diferente en cada inmueble, tenemos que darles un trato diferente para que puedan acceder a un proceso de regularización”, aseguró Ulloa.

El Secretario explicó que trabajan un esquema de regularización donde se pueda notificar e informar sobre quiénes son las empresas que construyeron, ya que se tienen que pagar los derechos de los niveles construidos de más en esos inmuebles.

Señaló también que la instrucción desde la Jefatura de Gobierno es priorizar la atención a los vecinos afectados, quienes han señalado que tienen ahí sus ahorros de toda la vida y ahora están en la incertidumbre porque no pueden escriturar su departamento, por ejemplo.

No es persecución, es corrupción

El tamaño de la corrupción en este esquema es igual al edificio más grande del mundo, el Burj Khalifa, que se encuentra en Dubái y que cuenta sólo con 163 niveles, mientras en Benito Juárez suman 264. A pesar de estas pruebas, los involucrados aseguran que hay una persecusión política. A pesar de que se han querido desmarcar, hay una serie de trámites en los que la Alcaldía es la única facultada para dar el visto bueno.

“Hay documentos firmados por autoridades en turno de la Alcaldía Benito Juárez donde dan el uso y ocupación, donde dan la terminación de obra; son documentos que ratifica la autoridad con el uso de suelo al momento de liberar la construcción e, incluso sabiéndolo, otorgaron la documentación que es el aviso de terminación de obra, autorización de uso, de ocupación, y la regularización; este es el último paso y aun así, con ese mecanismo, regularon todo violando el Certificado Único de Suelo”, señaló Carlos Ulloa.

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