Fotografía: cortesía
Las primeras multas por tener publicidad en azoteas marcan un hito en la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, logrando justicia pronta y superando prácticas ineficaces.
En un acto de gran relevancia para el sistema judicial, el presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX), magistrado Rafael Guerra Álvarez, anunció una estrategia disruptiva y coordinada para implementar el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Esta iniciativa tiene como objetivo romper paradigmas, corregir costumbres arraigadas y superar prácticas ineficaces, todo ello con la finalidad de lograr una justicia pronta y sumaria.
Durante la puesta en marcha de estas acciones, Guerra Álvarez destacó que los artículos transitorios del decreto que expidió el código establecen la asignación de recursos para su implementación. Sin embargo, también prohíben incrementar el presupuesto de servicios personales y limitan las estructuras orgánicas, salariales y ocupaciones a movimientos compensables. Este desafío presupuestario representa un llamado a proteger la independencia de los poderes judiciales con partidas adicionales.
La implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares se perfila como un proceso complejo pero necesario. Para ello, se ha establecido un plazo de 60 días, a partir de la publicación del código, para instalar la comisión de coordinación encargada de su implementación. Esta comisión estará conformada por alrededor de 90 personas y se encargará de supervisar el proceso de puesta en marcha.
El magistrado Guerra Álvarez hizo un llamado a la comunidad judicial, administrativa y operativa, así como a la valiosa base trabajadora del PJCDMX, para asumir con entusiasmo esta tarea. El objetivo es convertir al órgano judicial capitalino en un referente nacional de la nueva forma de administrar justicia que propone el código.
Con un enfoque ambicioso, se plantea capacitar a todos los integrantes del Poder Judicial a través de actividades académicas impartidas por docentes con experiencia nacional e internacional. Además, se buscará definir procesos de extinción y transformación de órganos jurisdiccionales con la menor afectación posible para el personal y los usuarios. Asimismo, se implementará un sistema de gestión que agilice el trabajo administrativo y jurisdiccional.
La especialización del personal en diferentes materias y etapas del procedimiento, así como el fomento de medios alternativos de solución de conflictos, serán fundamentales para la agilidad de los juicios. Se enfatizará en el cumplimiento voluntario y legal de las sentencias definitivas, además de promover una reforma judicial integral con perspectiva de género y respeto a los derechos humanos.
Se prevé que en los próximos cuatro años se realicen las capacitaciones, difusión, edificación de infraestructura, reformas legales y otras medidas necesarias para implementar el nuevo código. El objetivo final es consolidar un sistema de impartición de justicia abierto, transparente y basado en la oralidad, respaldado por nuevas metodologías de gestión que fortalezcan las habilidades y pericia de los operadores.
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