Ariadna Montiel Reyes señaló que una de las iniciativas de reforma constitucional que presentó el presidente es homologar que la entrega de pensión para los adultos mayores
La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, señaló que una de las iniciativas de reforma constitucional que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador es homologar que la entrega de pensión para los adultos mayores sea a partir de los 65 años, pues actualmente está establecida a la edad de 68 años y de 65 años para la población indígena.
“En 2021, el presidente tomó la decisión de que se entregara a partir de los 65 años, de tal manera que estamos homologando la propuesta en la reforma”, explicó en la mañanera.
En el caso de las personas menores de 65 años que viven con discapacidad, expuso que la reforma también plantea homologar la estrategia para que esta pensión sea universal:
“Actualmente la constitución establece que es un derecho universal para los menores de 30 años y para la población indígena”. Añadió que en este último rubro se busca establecer el derecho a la rehabilitación, dando prioridad a los menores de 18 años.
La secretaria Montiel detalló las modificaciones propuestas para los artículos 4 y 27 de la Constitución. Estas reformas tienen como objetivo principal:
- Garantizar la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores a partir de los 65 años, como un reconocimiento al aporte que han hecho a lo largo de sus vidas.
- Otorgar el derecho a recibir la Pensión Universal para el Bienestar de las Personas con Discapacidad y acceso a servicios de rehabilitación a las personas menores de 65 años que viven con alguna discapacidad, priorizando a niños, niñas y jóvenes. Una vez que alcancen la edad de 65 años, tendrán derecho a recibir la pensión correspondiente a las personas adultas mayores.
- Establecer que estas pensiones no contributivas sean de naturaleza progresiva, lo que implica que el Estado asignará recursos suficientes de manera anual y oportuna para garantizar su efectivo ejercicio. Además, se procurará que los fondos se transfieran directamente a los beneficiarios, sin intermediarios, para evitar dilaciones o desvíos.
Resaltó que estas reformas están en sintonía con los principios de universalidad y progresividad que establece el artículo 1° de la Constitución mexicana, buscan así asegurar que los derechos fundamentales en materia de bienestar sean accesibles para todos los ciudadanos, especialmente para aquellos que históricamente han enfrentado condiciones de desventaja.
