La Segob pedirá a la FGR que, de ser pertinente, emita nuevas órdenes de aprehensión y agote todas las líneas de investigación
La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, difundió la carta que envió a la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, que advertía la liberación de los ocho militares involucrados en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
La misiva, con fecha del 12 de diciembre de 2023, señala que modificar la medida cautelar impuesta contra los elementos castrenses representaba “un alto riesgo de sustracción de la justicia”, ya que podrían volverse “ilocalizables” o que “huyan del país”.
Añadió que la confianza estaba puesta en el Poder Judicial de la Federación para sancionar a los responsables “a fin de no generar en la sociedad un mensaje de impunidad e injusticia”.
En el texto, menciona la resolución adoptada en la sesión del jueves 30 de noviembre de 2023 del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito en la Ciudad de México, integrado por los magistrados Francisco Sarabia, Juan José Olvera y Horacio Hernández.
En el comunicado, argumentó que la liberación de los ocho militares carece de fundamento legal, sugirió una motivación política para favorecer la hipótesis de que el Gobierno protege al Ejército. Esto, según el Gobierno, contribuiría a menoscabar la reputación de una de las instituciones más relevantes del Estado mexicano y a socavar el compromiso del presidente por esclarecer los hechos.
La declaración enfatiza el daño irreparable causado por estas decisiones judiciales, subrayando que socavan los fundamentos de una auténtica procuración de justicia. El Gobierno de México reitera que el caso Ayotzinapa es un asunto de Estado y anuncia su intención de solicitar a la fiscalía la revisión de las medidas cautelares, considerando los riesgos y pruebas que llevaron a la prisión preventiva justificada otorgada en agosto pasado.
