Escoltas sin supervisión

Las leyes locales son insuficientes para regular a quienes brindan seguridad personal y evitar que cometan abusos.

En marzo, un conductor fue agredido por un escolta del empresario Alberto Sentíes, desde entonces conocido como #LordFerrari. Apenas un mes antes, cuatro escoltas golpearon al city manager de la delegación Miguel Hidalgo, Arne aus den Ruthen Haag, cuando el funcionario encabezaba un operativo para retirar autos mal estacionados sobre Paseo de la Reforma.

Ambos casos fueron ampliamente difundidos en redes sociales y dentro del gobierno capitalino, la ALDF y organizaciones civiles volvieron a encender los focos rojos sobre la manera en la que están regulados los escoltas en la Ciudad de México, así como sobre los huecos legales por cubrir para evitar más situaciones similares.

Se trata de un tema recurrente en una urbe donde la Secretaría de Seguridad Pública local (SSP) tiene registradas a 666 empresas que brindan servicios de seguridad privada —con corte a abril de este año— y el uso de escoltas es común entre líderes políticos y empresariales.

Fernando Hernández, director de Seguridad Privada y Colaboración Institucional de la dependencia, reconoce que la legislación actual sólo regula parcialmente la actuación de los escoltas. Por ello, dice, las autoridades capitalinas trabajan en una propuesta de reforma para obligar a un escolta a capacitarse y facilitar su identificación, por medio de distintivos o placas especiales, entre otras cosas.

“Hoy en día hay diferentes tipos de seguridad. Hay seguridad para inmuebles y para personas. Ahí queda el [tema] de seguridad personal, donde vamos a aumentar los controles de confianza, además de [definir si] la portación de arma es o no necesaria”, señala el funcionario.

Los principales vacíos

Para Hernández, el primer hueco en la Ley de Seguridad Privada local radica en que no contempla la figura del escolta o guardaespaldas, sino términos genéricos como “elemento de apoyo” y “elemento operativo”. Según el funcionario, esta indefinición deriva en que no esté establecido claramente qué pueden hacer los escoltas y qué no.

De acuerdo con especialistas, a esta laguna se suma la inexistencia de un código estándar de actuación. Hoy, las empresas de seguridad privada deben entregar sus manuales de operación a la SSP, pero no están obligadas a que sus lineamientos internos se apeguen a un parámetro fijado por la autoridad.

Samuel Cacho, presidente del Consejo Nacional de Seguridad Privada, considera que también deben aumentarse los requisitos para ser escolta, pues a la fecha únicamente se les exige tener la secundaria terminada y acreditar una capacitación.

“Tenemos que entender que estamos protegiendo la vida de otros, y nosotros estaríamos pidiendo mínimo preparatoria y, sobre todo, el perfil psicológico adecuado. No cualquiera está capacitado para proteger a alguien”, dice.

José Antonio Ortega, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, advierte que la mala conducta de los escoltas es un común denominador de los casos que se convierten en escándalos. Otro es que esos malos comportamientos por lo general quedan impunes.

“[Los escoltas] no cumplen con protocolos de seguridad para sus propios protegidos […], con lo único que cumplen es con prepotencia, abuso, falta de armonía con la ciudadanía”, señala el especialista en seguridad Luis Miguel Dena, quien agrega que la impunidad se debe a que la ley vigente tampoco establece con claridad el grado de responsabilidad que tienen las empresas cuando sus escoltas cometen una falta.

La otra visión del problema

Para organizaciones de escoltas, sin embargo, los vacíos legales también afectan al gremio. Mencionan como ejemplo que, cuando ocurre un incidente, las compañías suelen deslindarse de ellos y dejarlos solos, incluso si las malas acciones por las que se les acusa fueron cometidas en cumplimiento de una orden de su jefe en turno.

En el caso de #LordFerrari, el escolta Sergio González Ibarra fue encontrado muerto días después de la agresión que se difundió en redes sociales, junto con una supuesta carta en la que reprochaba que se le quisiera responsabilizar del ataque a pesar de que Sentíes fue quien lo ordenó.

José Julio César García, presidente de la Sociedad Mexicana de Guardaespaldas, afirma que los huecos en la legislación no deben llenarse al vapor porque esto sería contraproducente. En particular, critica que la propuesta de reforma de la SSP contemple hacer identificables a los escoltas por medio de distintivos, placas o incluso uniformes. Implementar estos cambios, asegura, dejaría expuestos a los escoltas porque es contario a un principio fundamental de su trabajo: actuar con discreción.

“Los mejores elementos de seguridad son aquellos que son imperceptibles a simple vista”, señala.

En medio de estas visiones sobre el trabajo de los escoltas, se prevé que en los próximos meses la Ciudad de México discuta cómo regular a esta figura que, para unos, es sinónimo de seguridad, y para otros, de abuso y prepotencia.

En cifras

  • 666 empresas tienen permiso para dar servicio de seguridad privada en la capital.
  • 11 mil 898 mil personas forman parte de su plantilla, según cifras de Seguridad Pública.
  • 3 mil 310 armas tienen estas compañías para sus tareas, así como mil 319 vehículos, detalla la SSP.
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Reportera de Ciudad en constante aprendizaje, siempre buscando la forma de inquirir y transmitir. Amante de los gatos y fan de las sonrisas sinceras.