Dicha información contiene los datos con los que se determinó el presunto desvío de recursos al interior del organismo descentralizado
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó a la Secretaría de la Función Pública (SFP), informar sobre los actos de fiscalización, mediante los cuales se determinó el presunto desvió de recursos al interior de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex).
De acuerdo con el comisionado presidente de ese organismo autónomo, Adrián Alcalá, el ilícito presuntamente “constituye el mayor desfalco al presupuesto del presente sexenio, vinculado con desvíos en compras de alimentos que debieron llegar a la población más necesitada”, y a partir de esa consideración, radica la importancia en conocer la información.
“Resoluciones, como la que hoy les presento, ayudan a colocar en el escrutinio público la amplia evidencia de irregularidades dentro de Segalmex, y documentar la existencia de esta presunta red de corrupción”, indicó.
El funcionario agregó que el titular de la SFP, Roberto Salcedo, rechazó la cifra de 15 mil millones de pesos desviados en el caso Segalmex, y que se manejó en medios informativos, sin embargo, consideró que no tenía fundamento. Argumentó además que para los ejercicios 2019 y 2020 las observaciones que determinó la dependencia y la ASF, ascienden a 6 mil millones de pesos y 3 mil 500 millones de pesos, respectivamente.
Tras analizar un recurso de inconformidad de un particular respecto a estos datos, el Pleno del INAI advirtió que la búsqueda de las observaciones no fue exhaustiva, pues no se pronunciaron todas las áreas que pudieran conocer de lo requerido, además detectó inconsistencias entre la inexistencia de los montos relacionados con las manifestaciones del titular de la SFP y la clasificación de los documentos que sustentan sus afirmaciones.
Por tanto, la ASF tendrá que entregar copia de los documentos relativos a las faltas administrativas graves o faltas de particulares derivados del caso y que supuestamente fueron enviados al Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
De igual forma deberá elaborar y proporcionar la versión pública de los 23 expedientes de investigación y de los 14 expedientes de responsabilidad que declaró como reservados.
