Si hubiera una lista de los personajes públicos con la peor reputación, no dudo que la CNTE aparecería entre los primeros lugares.  No es para menos. A lo largo de los años hemos escuchado de su ausencia en los salones de clase, de los malos resultados en la formación de sus alumnos y de los privilegios de muchos de sus dirigentes. Y por eso es natural que muchos vean (¿o veamos?) con buenos ojos que, finalmente, muchas de sus acciones sean castigadas.

El problema surge cuando el castigo no es percibido como un acto de justicia, sino como una represalia política, porque entonces el aplauso se contiene y la duda emerge. O quién en los últimos días no se ha preguntado por qué aplican toda la fuerza contra la CNTE, pero no contra otros actores de igual o peor reputación.

Si los dirigentes de la sección 22 desviaron recursos de los trabajadores para fines ilegales, qué bueno que se les castigue. Que se pruebe y que se les sentencie. Pero qué sospechoso resulta que los dos actores públicos perseguidos por desvíos de recursos sean Elba Esther Gordillo y ahora los dirigentes de la CNTE, pero ninguno de los señalados, por ejemplo, por el caso de los PanamaPapers.

LEE LA COLUMNA ANTERIOR DE MARIO CAMPOS: LA GRAN VICTORIA DEL DOMINGO

¿De veras todos tenían sus papeles en regla, incluyendo al dueño de Higa que sacó 100 millones de dólares del país mientras era “investigado” en México?

Está muy bien que persigan el lavado de dinero, ¿pero no tendrían que aplicar el mismo criterio y la misma profundidad en la investigación para alguno de los gobernadores corruptos?

El uso discrecional de estas investigaciones hace pensar que la persecución de los delitos financieros se ha convertido en la mejor herramienta para castigar a los adversarios del régimen.

El tema es serio porque, cuando el gobierno utiliza su poder sólo de forma selectiva, pierde legitimidad. Porque cuando sólo se investiga a los sindicalistas críticos, pero no se molesta a los oficialistas, entonces se pierde autoridad moral.

El gobierno de EPN una vez más tiene la oportunidad de aplicar las leyes parejo, como lo haría cualquier gobierno democrático, o puede seguir haciendo uso de su fuerza con un criterio político como hace todo gobierno gandalla.

Ojalá fuera el primer caso aunque la evidencia dice que en este caso el optimismo no tiene lugar.