Dicen que los más sorprendidos por la derrota electoral son los habituales de Los Pinos.

El estruendoso voto de castigo se hizo escuchar hasta adentro a pesar de que la residencia oficial –por como se comportan sus habitantes— ha de tener gruesos muros electrificados, paredes antiruido, dispositivos de bloqueo a los noticieros críticos, cristales polarizados con el máximo blindaje, acceso permitido sólo a visitantes optimistas y demás filtros usados este sexenio para evitar que se cuele el “mal humor” social.

Con el paso de los días, analistas han coincidido en una explicación para ese voto de los malhumorados: fue contra la corrupción del gobierno. Contra el desfasado manual –celosamente transmitido de generación en generación– que enseña que “vivir fuera del presupuesto es vivir en el error”, que “un político pobre es un pobre político”, que “no hay político que resista un cañonazo de 50 mil pesos” o –que en clases avanzadas– enseña que no está mal pedir el “diezmo” por cada obra (aunque nada más se ponga la primera piedra).

Es el hartazgo contra la cleptocracia y el estilo frívolo de gobernar para sí mismos y sus cuates.

El “ya chole” expresado en las urnas evidencia que las investigaciones periodísticas sobre la corrupción, el mal uso de recursos públicos o el tráfico de influencias que pareciera que no calan en los corruptos aludidos, que chocaran en una pared de hule, sí se quedan en la memoria de la gente.

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Las historias con las que recordaremos este sexenio serán las de Lady Profeco quien, bajo la lógica del ‘mi papi es amigo del presidente’, mandó a cerrar un restaurante donde no le dieron mesa; el secretario de estado que, para evitarse el tráfico, usaba helicópteros destinados a desastres naturales; el avión presidencial (que hace palidecer al de Obama) dedicado a pasear a la farándula telenovelera; las condolencias presidenciales en Twitter por desgracias en otros países y no por la desaparición de 43 estudiantes. Y, sobre todo, “La Casa Blanca”, el regalito del contratista favorito del Presidente del que quisieron deslindarse poniendo a un empleado para que hiciera la pantomima de que investigó y no encontró conflicto de interés.

En los estados el rayo vengador también alcanzó a gobernadores cleptócratas, como el chihuahuense que decidió crear un banco donde depositó (y se autoprestó) el dinero de sus gobernados; el veracruzano que no conforme con haberse quedado hasta con el dinero de la Universidad creó empresas para ordeñar el presupuesto, o a la dinastía de gobernantes tamaulipecos alquilados para el narco.

Lo que más sorprende es que cuando todavía no se reponían de la revolcadota que les dio el voto ciudadano, en el Senado, los legisladores –siempre previsores de su futuro—se robaban unas cláusulas de las leyes anticorrupción, justamente las que iban destinadas a obligar a quienes viven del presupuesto a que informen si tienen conflicto de interés (para evitar que beneficien a sus empresas) y a que den a conocer su lista de propiedades (para cuantificar cuánto robaron). El Presidente detuvo la ley, pero sólo para cerciorarse de que no afecte a sus amigos empresarios.

Lo que más sorprende, además de la sorpresa manifestada por el voto de castigo a la corrupción, es que siguen sin entender nada.