Hace unas horas, Manuel Torres se convirtió en el décimo octavo periodista asesinado en Veracruz durante el gobierno de Javier Duarte.
Pongamos una cosa en claro: nadie acusa a Duarte de asesinar a Manuel Torres, pero cualquier persona con una mínima capacidad de crítica e indignación puede hacerse estas preguntas:
¿Por qué cinco jóvenes son secuestrados por policías estatales y desaparecidos por criminales en un Estado? ¿Por qué dieciocho periodistas pueden ser asesinados en Veracruz? ¿Por qué ocurren en ese Estado situaciones de corrupción tan graves que han llevado al presidente del PRI a exigir que el gobernador responda por esos hechos? (Javier Duarte deberá presentar cuentas concretas y verdaderas a los veracruzanos: Manlio Fabio Beltrones, 23 de febrero, Villahermosa, Tabasco). ¿Porque cuatro jóvenes violan a una adolescente y se filman haciéndolo como si se tratara de un acto heroico?
Porque se puede. Porque el desgobierno de Javier Duarte lo ha hecho posible.
De manera paradójica, Duarte, un político controvertido, no identificado por su prudencia, es el principal obstáculo para reconocer sin estigmas ni fobias que nunca como en los últimos seis años Veracruz ha vivido bajo un estado inaudito de impunidad, corrupción e ingobernabilidad.
Cuando empecé a hacer periodismo hace más de veinte años, este país era presa de uno de las peores afrentas para la democracia: las concertacesiones, convertidas en práctica común en la presidencia de Carlos Salinas, eran una suerte de puerta revolvente por donde entraban y salían gobernadores que por decisión del presidente abandonaban el cargo para el que habían sido electos.
Los gobernadores eran removidos por una combinación de incompetencia y el trabajo sucio de sus adversarios, como sucedió con Graciliano Alpuche, desplazado del gobierno de Yucatán por su evidente incapacidad, o Víctor Manzanilla, cesado en el mismo estado por su alcoholismo y los oficios de su enemigo Víctor Cervera.
Para desgracia de los ciudadanos, esa práctica –una suerte antidemocrática de la revocación de mandato que hoy resulta tan necesario incorporar a la ley– dejó de existir hace ya un buen número de años. Desde entonces, una lista interminable de pésimos gobernadores priistas, panistas y perredistas crece y crece sin que exista poder humano que ponga fin a gobiernos ineficaces y corruptos, reconocidos por la impunidad que vulnera a sus sociedades.
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Cuando uno mira con rabia e impotencia la deplorable situación en la que se encuentra hundido Veracruz, es imposible dejar de preguntar:
¿Qué ha sostenido a Duarte seis años en Veracruz, a pesar de todas las evidencias de corrupción, sevicia e incompetencia de su gobierno?
¿Por qué el presidente Enrique Peña ha decidido convertirse, por inacción y omisión, en cómplice de las atrocidades cometidas en un Estado donde dieciocho periodistas han sido asesinados y bajo la misma impunidad cinco muchachos que representan el futuro de este país son secuestrados por policías estatales y desaparecidos por criminales asociados con ellos sin que haya ninguna clase de consecuencias?
Cuando uno reflexiona sobre esto con toda la imparcialidad posible en una situación así, es imposible no preguntar: ¿existen en México autoridades capaces y dispuestas a investigar y castigar estas atrocidades? ¿Por qué no lo hacen? ¿Qué detiene al presidente de un país para frenar la actuación irresponsable de un gobernador más allá de las siglas que representa? ¿Qué significa en un país toda esta evidencia de impunidad política?
Es posible que ante todo lo ocurrido en Veracruz no nos percatemos que ya ni siquiera se trata de Javier Duarte.
Hace tiempo que el gobernador de Veracruz dejó de ser Javier Duarte para simbolizar lo peor, lo más vergonzante y ruin que la política y una institución pueden significar para los ciudadanos a los que representan y el país del que forman parte.
Y eso, en cualquier país del mundo, es el fracaso de las instituciones.
