Fotografía cortesía
El Comité de los Derechos del Niño de la ONU ha emitido un fallo histórico en el que determina que Perú violó los derechos fundamentales de una niña indígena al negarle información y acceso a servicios de interrupción del embarazo. La niña, víctima de violación continuada por parte de su padre desde los 9 hasta los 13 años, quedó embarazada y solicitó en repetidas ocasiones interrumpir el embarazo.
A pesar de los riesgos que representa un embarazo adolescente y del deseo expreso de la niña de no tener un hijo de su agresor sexual, el Estado peruano obligó a la niña a continuar con el embarazo. Durante el proceso prenatal, las autoridades intimidaron a la niña y el personal médico acudía a su casa acompañado de la policía, lo que generó estigmatización y acoso en su familia y comunidad, obligándola a abandonar la escuela y su pueblo. Posteriormente, tras un aborto, fue sometida a un proceso penal en lugar de recibir atención y protección por la violación que sufrió durante al menos cuatro años.
La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México ha identificado múltiples formas de violencia en este caso, incluyendo violencia sexual, institucional y obstétrica, así como la convergencia de sexismo, adultocentrismo y racismo. Además, recuerda que tanto la violencia sexual como el embarazo forzado pueden constituir tratos crueles, inhumanos y degradantes, incluso tortura, según lo establecido por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer.
La determinación del Comité de los Derechos del Niño ordenando a Perú despenalizar el aborto en todos los casos de embarazo infantil y garantizar el acceso a servicios de interrupción del embarazo y atención médica posterior es un paso importante para la protección de los derechos de las niñas. Sin embargo, es necesario destacar que México aún no ha ratificado el tercer Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, lo que limita las posibilidades de las niñas, niños y adolescentes de acceder a recursos internacionales cuando los mecanismos nacionales de justicia fallan o son insuficientes.
La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México hace un llamado al Estado mexicano para que ratifique el tercer Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño. Asimismo, destaca la importancia de que los sistemas jurídicos y penales prioricen la protección de los derechos de las mujeres, especialmente de las niñas, sobre la criminalización de sus cuerpos y la negación de su autonomía.
Las niñas, mujeres y personas gestantes tienen derecho a ejercer soberanía sobre su cuerpo y capacidad reproductiva, y ninguna institución o práctica jurídica debe perpetuar y legitimar la dominación de los agresores sexuales sobre el cuerpo ajeno. Es fundamental que se implementen cambios estructurales en la legislación y las instituciones para garantizar la protección y el respeto de los derechos de todas las personas.
Infórmate al momento en nuestras redes sociales como Máspormás y conoce más del día a día de la agenda pública.
