El síndrome de Tlatelolco

Entre las diversas conclusiones planteadas en el resumen ejecutivo del informe ¡Ya sabemos! No más impunidad en Oaxaca, se señala como responsables de violaciones graves a los derechos humanos a quienes ocuparon la Presidencia de la República durante el conflicto que aconteció en Oaxaca durante 2006 y 2007, tanto a Vicente Fox Quesada como a Felipe Calderón Hinojosa, así como a quienes ocuparon el cargo de secretario de Gobernación, Carlos Abascal Carranza (fallecido) y Francisco Ramírez Acuña, y el de secretario de Seguridad Pública federal, Eduardo Medina Mora y Genaro García Luna, por una serie de acciones instrumentadas en Oaxaca y coordinadas por Ardelio Vargas Fosado, jefe del Estado Mayor de la Policía Federal Preventiva, en el marco del denominado Plan Rector de Operaciones Juárez, entre las cuales se resalta la incursión realizada por la Policía Federal Preventiva —en coordinación con el Ejército y la Marina Armada—, la cual dio como resultado la ejecución extrajudicial de Alberto Jorge López Bernal el 29 de octubre de 2006, así como la represión ilegal cometida el 25 de noviembre de 2006 por parte de las fuerzas federales, que derivó en detenciones arbitrarias y tortura de la mayoría de las 141 personas detenidas y trasladadas de Oaxaca al Centro Federal de Readaptación Social número 4, ubicado en Tepic, Nayarit.

El expresidente Fox, en el testimonio que dio a la Comisión de la Verdad de Oaxaca (CVO), declaró la presión que recibió por parte de su sucesor, Felipe Calderón Hinojosa, para enviar las fuerzas federales a Oaxaca, ya que de esto dependía garantizar que el PRI estuviera presente en la toma de protesta presidencial efectuada el 1 de diciembre de 2006. Sin embargo, Fox Quesada asumió ante la CVO la decisión y responsabilidad del operativo efectuado, así como también explicó que esta decisión rompió un paradigma que existía en la institución presidencial después de la masacre de estudiantes ocurrida el 2 de octubre de 1968 en la Ciudad de México, el cual impedía a los mandatarios de la República ordenar la represión directa en contra de un movimiento social. Fox Quesada consideró que el operativo implementado en Oaxaca el 29 de octubre de 2006 acabó con lo que consideró “el síndrome presidencial de Tlatelolco” (“ningún presidente quería ser Gustavo Díaz Ordaz”) y aseguró que, en continuación con ello, su sucesor, Felipe Calderón, mantuvo y acrecentó las acciones represivas directas en contra de los movimientos sociales bajo el contexto del combate a las drogas.

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Esta caracterización hecha por el expresidente, sumada a otros testimonios y análisis recabados por la CVO, permitieron a este organismo del cual formé parte, considerar que el Estado mexicano ensayó en 2006 en Oaxaca un conjunto de procedimientos que tienen como objetivo fortalecer la impunidad y cuya aplicación en los años siguientes a nivel nacional derivó en lo que ahora es denunciado y visibilizado como una crisis nacional de derechos humanos, la cual tiene como epicentro la ejecución y desaparición de estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa ocurrida en septiembre de 2014.

En el documento elaborado por e organismo que presidió el padre Alejandro Solalinde, se privilegia la voz de las víctimas para contar la verdad histórica de los sucesos, así como se denuncian los mecanismos, planes, operativos y acciones concretas de diversos grupos de perpetradores con nombre y apellido. Además se explica la forma en que la maquinaria judicial fabricó una muralla de impunidad para los autores materiales e intelectuales de los diversos crímenes, la cual prevalece a diez años de distancia junto con una serie de profundos daños psicosociales que afectan al pueblo oaxaqueño y de los cuales también da cuenta el Informe.

Este es un documento incómodo para los poderes oficiales y fácticos. Con las limitaciones que pueda tener, fue elaborado con la convicción de que algún día –por desgracia quizá no muy cercano- habrá autoridades cabales que lo retomen para dar justicia y reparación integral a los oaxaqueños.
Mientras tanto, no hay pretextos para ser omisos ante lo que sucedió. Ya sabemos. Lo que sigue es hacer lo que se tiene que hacer para que hechos atroces como estos no se vuelvan a repetir jamás.
Si quieren, pueden asomarse a este abismo de Oaxaca. Cualquier parecido con otro lugar es mera coincidencia.

 

 

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Testigo y narrador de conflictos del primer cuarto del siglo XXI en México y otros países. Su más reciente libro es Slim (Debate, 2015). Participó en la Comisión de la Verdad de Oaxaca que investigó y consignó a funcionarios por ejecuciones extrajudiciales y actos de tortura. Cofundador de agenciabengala.com.