La justicia transicional pendiente

La enorme mayoría de las víctimas de violaciones a los derechos humanos que entrevistó la Comisión de la Verdad de Oaxaca (CVO) coincidieron en señalar que el actual gobierno del estado no ha brindado justicia, debido a que los perpetradores de los crímenes del 2006 no han sido sancionados y a que los daños cometidos no habían sido reparados de manera integral. Ambas cosas fueron parte de las promesas de campaña del gobierno de la alternancia encabezado por Gabino Cué Monteagudo.

Durante las reuniones individuales y grupales que tuvo la CVO, las víctimas comentaron que se sienten engañadas, pues ha sucedido todo lo contrario a lo que esperaban: los perpetradores fueron premiados con puestos en el gobierno de la alternancia y, a últimas fechas, algunos se han postulado como candidatos para ocupar puestos públicos en las siguientes elecciones. Por ello es que la CVO consideró entre sus conclusiones, que el mantener a los perpetradores y encubridores del conflicto en cargos públicos, es algo que fortalece la impunidad y daña el incipiente proceso de transición democrática.

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De acuerdo con el resumen ejecutivo del Informe ¡Ya sabemos!, no hubo un real aporte para la justicia transicional durante la administración de Cué Monteagudo, pese a que se crearon organismos de avanzada en materia como la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, así como la Fiscalía de Investigación en Delitos de Trascendencia Social y la Comisión de la Verdad. Todo resultó insuficiente, debido a que estas acciones no fueron acompañadas de un proceso de depuración de los cuerpos policiacos y de procuración de justicia, así como de judicialización de los perpetradores; esto ya que tanto en la Fiscalía General de Oaxaca, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, la Secretaría de Seguridad Pública y el Tribunal Superior de Justicia, quedaron perpetradores de derechos humanos que participaron en el conflicto del 2006 y 2007.

La CVO también convocó a dar su testimonio al sector empresarial, así como a ciudadanos que se sintieron lastimados por las acciones del movimiento social. A pesar de insistir en la importancia de escuchar a todas las voces involucradas en los acontecimientos y, en especial a la ciudadanía que no tomó una posición a favor de ningún grupo, en este sector prevaleció el desdén en torno al conflicto del 2006 y 2007.

Después de diez años de impunidad, las víctimas y la comunidad oaxaqueña han demostrado de lo que son capaces para recuperarse y sanar, así como extender sus redes de apoyo, a pesar de los obstáculos del Estado. Han demostrado que tienen muchos recursos internos y externos para sobrellevar las adversidades, para sanar, seguir desarrollándose y crecer como personas y como comunidades. Los testimonios recolectados por la CVO revelaron su resistencia para seguir adelante y no dejarse vencer.

Mientras tanto, la justicia transicional sigue pendiente.