Hace un año, en enero de 2014, el gobierno de Coahuila emprendió un ostentoso operativo para buscar a cientos de personas desaparecidas de manera forzada. La medida anunciada por el Gobernador Rubén Moreira se enfocó en la frontera con Texas. Gracias al despliegue de más de un centenar de funcionarios y al acompañamiento que hizo la prensa, en pueblos que habían sido arrasados en silencio como Allende, pudieron salir con mayor fuerza una serie de nuevos testimonios acerca de un ataque de lesa humanidad cometido en esta región de los Cinco Manantiales en la primavera de 2011.
Durante esa búsqueda oficial fueron encontrados 500 restos óseos en diversos ranchos, parajes e instalaciones penitenciarias y se recopilaron relatos de pobladores, comerciantes, policías y autoridades políticas que coincidían en que entre 300 y 400 personas habían sido “levantadas” por los grupos criminales. El actual alcalde, Reynaldo Tapia, comentó en entrevista, junto con otros miembros de su administración, que ya habían hecho el conteo de personas desaparecidas y éste giraba alrededor de las 300 personas.
En los meses siguientes, mediante trabajo de investigación periodística, aparecieron evidencias de negligencia y colaboración de las autoridades locales, estatales y federales en los hechos ocurridos en el norte de Coahuila. MÁSPORMÁS dio a conocer documentos oficiales que prueban que la PGR y el gobierno estatal anterior (encabezado por Jorge Torres, amigo en la política y el golf del actual gobernador) encubrieron la masacre de Allende. También se estableció la posible responsabilidad de la DEA en estos hechos, al tener información privilegiada sobre los ataques que se cometerían y no compartirla con ninguna dependencia mexicana.
Ante los señalamientos crecientes, pero sobre todo ante la crisis provocada a nivel nacional por la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, el gobernador Rubén Moreira empezó a tener problemas de diverso tipo que lo llevaron a tomar una decisión que marca el estilo retraído de su gobierno: ordenó una operación especial de prensa. ¿Para qué? Para volver a desaparecer a los desaparecidos de Allende.
Aprovechando el remanso decembrino, el procurador convocó a medios para afirmar que sólo tenían conocimiento de la desaparición de 28 personas y que esa era la cifra oficial de desaparecidos en Allende. La cantidad representa un insulto al sentido común, no solo por las decenas de testimonios, sino, tomando en cuenta que es el resultado del cotejo de sólo 13 porciento de 500 restos encontrados en enero de 2014. El 83 porciento de los 500 restos hallados en Allende y municipios vecinos siguen sin ser identificados. Ahora, supuestamente, están bajo poder de la Policía Federal Científica, la misma que mostró una ya legendaria incompetencia en el caso de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.
De esta forma, el truco de Coahuila es un fiasco que consiste en aparentar de manera ostentosa que se busca a los desparecidos desde las esferas oficiales, pero sólo para que cuando empiecen a llegar pistas que de manera contundente involucran a autoridades, éstas evidencias sean desaparecidas también y se siga protegiendo a los responsables por acción u omisión de atrocidades como la sucedida en la región de los Cinco Manantiales.
(Diego Enrique Osorno)
