Aunque suene difícil de creer, existen chilangos que apoyamos el nuevo Reglamento de Tránsito. No somos muchos, pero en este pequeño grupo creemos que puede ser útil para mejorar la movilidad en la ciudad y la seguridad de peatones y ciclistas.
Somos estos los que creemos que el nuevo Reglamento es el primer intento serio de las autoridades por abandonar un criterio que ha marcado la planeación de esta ciudad: los automovilistas son lo más importante.
Eso, por supuesto, no significa que creamos que el Reglamento es impecable. Pueden señalarse muchos defectos. Pero una cosa es que tenga errores y otra que se haya vuelto el tema central en el debate público. ¿Cómo explicar que Morena, el partido más votado en la elección pasada, ponga su cancelación como el tema número uno en su agenda política para 2016? ¿De veras no hay otro?
Pero la culpa es del gobierno capitalino. El Reglamento es sólo un ejemplo de cómo pierde debates públicos, frecuentemente porque elude tenerlos o no sabe -no quiere- rendir cuentas o parece tomar decisiones por capricho, incapaz de mostrar respaldos documentales que justifiquen su aplicación. Peor aún, el GDF no parece querer involucrar a los ciudadanos en el diseño de sus políticas.
¿Por qué -por ejemplo- no dicen quiénes participaron en el diseño del reglamento? ¿Por qué no abrir el debate con organizaciones de ciclistas y peatonales o con especialistas en movilidad? ¿Por qué no salir en defensa de su propia iniciativa?
Temo que el gobierno capitalino esté empeñado en dinamitar el Reglamento y en perder adeptos.
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Vean si no es cierto: ¿Usted sabe en qué se van a aplicar los recursos recaudados por las multas? ¿Sabe si se han mejorado los mecanismos para que un automovilista impugne un cobro? ¿Han mejorado los sistemas para notificar que fuiste multado? ¿Hay facilidades para el pago? ¿Vamos a tener informes regulares para saber si funciona el nuevo reglamento?
La respuesta es “no”.
El caso más claro es el debate sobre las fotomultas y la decisión del gobierno de entregarle su instalación y operación a una empresa privada. El debate lo ha perdido el GDF.
Va algunas preguntas sobre el tema:
-¿Por qué decir que no hay una cuota de multas, cuando eso dice el contrato?
-¿Por qué el GDF decidió licitar la instalación y operación de las cámaras? ¿Cuánto se ahorraron?
-¿Cómo se decidió dónde instalarlas? ¿Habrá más?
-Si la empresa cobrará un porcentaje de las multas, ¿cómo evitar abusos? Dice el secretario de Seguridad Pública que esta dependencia vigilará que no suceda. ¿Cómo lo van a hacer?
-¿Quién te manda la multa? ¿La empresa o la SSP? ¿La empresa tiene mis datos? ¿Qué garantías tengo de que no harán mal uso de ellos?
El GDF ha mostrado, en estos tres años, que es capaz de impulsar políticas públicas contradictorias o que puede dinamitar sus propias propuestas. Se empeñan en perder el debate público, frecuentemente porque no están en él. Por desgracia, el Reglamento parece ser sólo otro ejemplo.
