Un juez corre peligro, por @DiegoEOsorno

Autor de una saga de libros de crónica sobre conflictos del México del siglo XXI; el más reciente, Contra Estados Unidos (Almadía). Cofundador de Bengala, agencia dedicada a creación, desarrollo y producción de historias para cine y televisión. Dirige www.elbarrioantiguo.com

Los guerrilleros Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya desaparecieron en mayo del 2007 durante un operativo realizado en secreto en el centro de la ciudad de Oaxaca.

Poco después, la organización a la que pertenecen, el Ejército Popular Revolucionario, exigió mediante un comunicado que el gobierno presentara con vida a sus compañeros detenidos. Ninguna autoridad emitió una respuesta concreta a la petición del grupo político-militar clandestino hasta que éste realizó una serie de atentados contra instalaciones estratégicas de Pemex que provocaron pérdidas por varios millones de dólares a diversas empresas del norte de México.

Ante la amenaza del EPR de continuar con el sabotaje económico, el gobierno de Felipe Calderón creó una Comisión de Mediación encargada de dar seguimiento a la búsqueda de los guerrilleros. La instancia conformada por intelectuales como Carlos Montemayor, Miguel Ángel Granados Chapa, Gilberto López y Rivas y el Obispo Samuel Ruiz, logró que se llevaran a cabo algunas diligencias judiciales y detenciones de policías en Oaxaca, en ese entonces gobernado por Ulises Ruiz Ortiz.

A la par de que la investigación oficial se intensificó, comenzaron a ocurrir ejecuciones sumarias de sicarios, ex jefes policiacos, militares y testigos protegidos que la PGR había reclutado para documentar el caso. Luego se desataron operaciones de propaganda negra contra opositores del gobierno, periodistas y defensores de derechos humanos que se mantenían atentos a esta desaparición forzada.

Es evidente que los personajes y grupos gubernamentales que desaparecieron a Gabriel y Edmundo siguen operando para garantizar su impunidad, como también es evidente que si el Estado mexicano hubiera atendido con mayor determinación la desaparición de los eperristas, ocurrida en 2007, quizá en 2015 este delito de lesa humanidad no se hubiera vuelto sistemático en México como acaba de dictaminar la ONU.

Sin querer alimentar la zozobra que padece el país, preocupa la situación del juez Miguel Ángel Aguilar, quien como magistrado del Noveno Tribunal Colegiado ordenó en 2014 que la Secretaría de la Defensa Nacional permita el acceso a sus cuarteles militares de peritos, ministerios públicos, investigadores independientes y abogados que representan a los familiares de Gabriel y Edmundo. Esta orden judicial de carácter histórico no le ha caído bien al Ejército y después de varios meses sigue sin acatarla.

La búsqueda de los guerrilleros desaparecidos en 2007 ha ocurrido sobre un camino fangoso y sombrío, donde es común que aparezcan muertos funcionarios y civiles involucrados. Por eso no es exagerado alertar que un juez corre peligro.

 

(Diego Enrique Osorno)

Compartir
Artículo anteriorPaz interior
Artículo siguienteOtro, y me lanzo del segundo piso, por @warkentin
Testigo y narrador de conflictos del primer cuarto del siglo XXI en México y otros países. Su más reciente libro es Slim (Debate, 2015). Participó en la Comisión de la Verdad de Oaxaca que investigó y consignó a funcionarios por ejecuciones extrajudiciales y actos de tortura. Cofundador de agenciabengala.com.