Desde el sexenio calderonista, antes del Pacto por México, el PRI no se encontraba tan aislado como en estos días ante la discusión de una de las leyes más importantes de las últimas décadas: el Sistema Nacional Anticorrupción y, en el corazón de ésta, la iniciativa ciudadana 3 de 3. En el Senado, el partido se refugia en el juego que Vargas Llosa llamó la dictadura perfecta –chantajear, sobornar, intercambiar favores como si legislar fuese un juego de estampitas–, para frenar la obligación de los servidores públicos a publicar sus declaraciones fiscal, patrimonial y de interés.
Incluso los partidos del Pacto por México, esa fachada de reformas estructurales detrás de la cual se instauró un sistema de impunidad para todos sus firmantes, están de acuerdo en la propuesta respaldada en el Congreso con la firma de 300 mil ciudadanos. Un país ahogado por la corrupción y la impunidad es la razón esencial de este proyecto que parte de una realidad imposible de ignorar: Tlatlaya, Ayotzinapa, Apatzingán, la Casa Blanca, el hacker colombiano de la guerra sucia en 2012 y las escenas de militares y federales practicando la tortura que el Estado ha negado hasta la irracionalidad.
La imagen de un PRI solo contra el mundo, aislado por su voluntad en un desierto sitiado por las peores prácticas y crímenes de años recientes, representa de manera paradójica la circunstancia idónea para que el cuestionado gobierno del presidente Peña pudiera dar un cauce transparente y legal al último de los escándalos que lo han sacudido: los Papeles de Panamá.
Para eliminar cualquier elemento que pudiera politizar, distorsionar, pervertir o hacer naufragar esta posibilidad, tomemos a Juan Armando Hinojosa, el constructor de obras públicas por 160 millones de pesos en los dos gobiernos de Enrique Peña –el Edomex y el Federal–, echémoslo fuera de este nuevo escándalo a él y sus 100 millones ocultos en una offshore, y preservemos sólo a uno de los mexicanos involucrados en los Papeles de Panamá: el empresario Pablo Escandón, el rey de las medicinas, un caso paradigmático que puede concentrar corrupción, violación de las leyes, engaño a las autoridades y simulación, todos los elementos representativos de un régimen y un sistema político en plena descomposición.
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¿Qué hizo Escandón que jamás hubiéramos podido saber y que pudimos saber gracias a los Papeles de Panamá?
Una investigación realizada por Irving Huerta, miembro del equipo de investigaciones de Aristegui Noticias, permitió conocer que Escandón, propietario de Grupo Nadro, se convirtió en líder del sector farmacéutico con el 30% del mercado, tras la venta de Casa Saba a dos fondos norteamericanos.
Por esa razón, narra Mario Maldonado en la última entrega de su columna Historias de NegoCEOs, en el Financiero, el dueño de Nadro descartaba la posibilidad de comprar Grupo Marzam, que había puesto en venta su controlador, Genomma Lab. Pero su desinterés era sólo un engaño, una apariencia, una finta: Marina Matarazzo, esposa de Escandón, financió la adquisición de Marzam por medio de una offshore que le permitió simular que la operación corría a cargo de una empresa holandesa, cuando en realidad era Escandón quien estaba detrás.
La operación se llevó a cabo sin notificar a las autoridades mexicanas.
Al tomar indirectamente el control de Marzam, escribe Maldonado, el control de Nadro en la distribución de medicinas aumentó a 47%, con lo que Escandón concentra casi la mitad de los 120 mil millones de pesos que generó el mercado el año pasado. Desde que se aprobó la compra de Marzam –en agosto del 2013–, los medicamentos son 3.3% más caros, informó Huerta, en Aristegui Noticias.
Si es verdad que el gobierno investiga por evasión de impuestos a los mexicanos involucrados en los Papeles de Panamá, como anunció Aristóteles Núñez, director del SAT, el caso de Escandón va mucho más allá de un empresario poco escrupuloso que extrajo del país una parte de su fortuna: creó una empresa pantalla en un paraíso fiscal para burlar distintas leyes mexicanas, ocultar información vital al gobierno Federal y concentrar la mayor parte del mercado de los fármacos en México.
No se trata de una circunstancia de confusión en la interpretación de las leyes: el de Escandón es un grosero ejemplo de corrupción, que puede estar seguido por una deleznable situación más de impunidad.
¿Qué puerta y oportunidad puede abrirse a partir de lo que hizo Escandón desde un paraíso fiscal?
La Ley General de Transparencia aprobada en mayo de 2015 establece que no podrá invocarse el carácter de reservado de una investigación cuando se trate de violaciones graves de derechos humanos, delitos de lesa humanidad o de información relacionada con actos de corrupción.
Si esa legislación hubiera sido aprobada antes, el gobierno no hubiera podido reservar los expedientes de San Fernando, Tlatlaya y Ayotzinapa, en los que las causales de reserva terminaron transformándose en pretexto ideal de la autoridad para no hacer pública –o hacerlo de modo parcial como en el caso de Ayotzinapa con cientos de páginas censuradas– información que debió ser conocida en condiciones racionales de tiempo por la sociedad, para impedir la manipulación, distorsión o alteración de las investigaciones.
En síntesis, en este país las causales de reserva han servido para mantener bajo reserva información ligada a lo que huele mal, es decir: corrupción, violaciones de derechos humanos, excesos en el uso de la fuerza de las instituciones del Estado.
Ante las revelaciones de los Papeles de Panamá, el presidente Peña tiene la oportunidad de actuar como la cabeza de un Estado con visión de gobierno abierto y hacer posible, en congruencia con lo que señala la Ley General de Transparencia, que una parte importante de los expedientes se hagan públicos, o que el director del SAT informe cada cierto tiempo sobre los avances de las indagatorias, en el ánimo de legitimar una investigación en la que pocos o nadie confían.
