La Comisión de Derechos Humanos del DF (CDHDF) pidió a la Procuraduría General de Justicia del DF (PGJDF) resarcir los daños a Jesús Romero Colín, presunta víctima de abuso sexual por parte de un sacerdote.
“Pedimos (que la PGJDF) mejore las prácticas de investigación, determinación y supervisión de las investigaciones, y así salvaguardar los derechos humanos de las personas que tienen calidad de víctima del delito”, dijo Perla Gallardo, titular de la CDHDF.
A través de la Recomendación 1/2015, la Comisión da seguimiento a la queja que presentó Jesús Romero Colín en 2014, por violaciones a sus derechos en la investigación de los delitos de abuso sexual y violación.
Romero Colín presentó en 2007 una denuncia en contra del sacerdote Carlos López Valdés, por los delitos de abuso sexual y violación que, de acuerdo con la víctima, sufrió cuando era menor de edad.
En 2008, se ejerció acción penal en contra del probable responsable, aunque el Juez 55 Penal negó la orden de aprehensión en contra de López Valdés por “falta de elementos, peritajes y artículos del Código Penal mal señalados”, lo que ocasionó que la averiguación previa en el caso, se archivara.
De acuerdo con la CDHDF, la indagatoria ha estado en trámite por cerca de 7 años, tiempo en el que personal ministerial, “no realizó las acciones necesarias para el desahogo de las diligencias, y la persona agraviada no recibió la atención necesaria, en su calidad de víctima del delito”.
“Esto ha imposibilitado que el probable responsable de los delitos, sea juzgado y sancionado por un tribunal competente, por lo que la víctima no ha recibido una reparación integral por las afectaciones sufridas y se ha obstaculizado su acceso a la justicia”, afirmó la titular de la CDHDF.
De acuerdo con una carta que la víctima envió al Papa Francisco en 2013, cuando él tenía 11 años era monaguillo de la Parroquía de San Agustín de las Cuevas, en la delegación Tlalpan, lugar en el que fue víctima de abuso sexual por parte del sacerdote Carlos López.
En la recomendación se establece que la PGJDF tendrá 15 días hábiles, a partir de este martes, para iniciar las investigaciones administrativas y penales correspondientes para determinar las responsabilidades de los servidores públicos responsables de las violaciones a los derechos humanos de la víctima.
Y en un plazo no mayor a 6 meses, la dependencia capitalina deberá indemnizar a la víctima por las violaciones a sus derechos humanos.
