CRONOLOGÍA: los escándalos en la delegación Coyoacán

Diciembre de 2012

El Diputado local del PAN, Edgar Borja, presenta una denuncia contra el jefe delegacional Mauricio Toledo ante la Procuraduría capitalina por amenazas en su contra, luego de haber defendido el reclamo de artesanos que fueron desalojados del Bazar Artesanal.

Febrero de 2013

El abogado Rodolfo Reus, representante legal de una empresa inmobiliaria hace pública una conversación en la que Toledo le pide 1.6 millones de pesos para no clausurar una obra en Céfiro 120, que presuntamente viola el uso de suelo y anticipa que presentará una denuncia penal.

Un día después, el dueño de la inmobiliaria para la que trabaja Reus, se deslinda de las declaraciones de su abogado, al cual despide y defiende a Toledo.

Abril de 2013

El empresario Manuel Dacosta acusa a Toledo de pedirle 3 millones de pesos para retirar los sellos de clausura de su gasolinera “el Calerón” y los diputados del PAN, Priscyla Vera y Edgar Borja le ofrecen asesoría jurídica.

Un día después, el empresario se desiste de la denuncia y su negocio, es reabierto.

Una semana después, es detenido y consignado al Reclusorio Oriente el Secretario Particular de Toledo, Eduardo Ramírez, acusado del delito de extorsión por el caso.

Mayo de 2013

Contrario a lo que marca la Ley de Participación Ciudadana, se hace público que 18 Coordinadores de Comités Vecinales de Coyoacán son también servidores públicos en la Delegación de Mauricio Toledo

Junio de 2013

Los diputados del PAN presentan ante la Contraoloría General una denuncia por nepotismo en contra de Toledo. Su mama, Rosi Clementina Gutiérrez Duran es asesora del Diputado local del PRD Alejandro Robles y su hermano, Nelson Toledo Gutiérrez, Contralor Interno del Instituto Electoral del Distrito Federal.

Octubre de 2013

Vecinos de varias colonias de Coyoacán protestan frente a la sede delegacional para exigir la renuncia de Toledo. Acusan el desvío de 60 millones de pesos que Toledo no ha reportado como gasto, siendo que se trata de presupuesto etiquetado para infraestructura. Acusan además a servidores públicos de la Delegación de lucrar con la dotación de agua de pipas y control de las bombas en la Unidad Habitacional Los Culhuacanes.