Ya pasaron 20 días del homicidio de cinco personas en la colonia Narvarte y todavía no sabemos qué ocurrió.
¿Mantenemos la esperanza de que algún día sabremos qué ocurrió en la mañana del sábado 1 de agosto, cuando fueron asesinados Nadia, Yesenia, Alejandra, Mile y Rubén?
Pero aun cuando –ojalá- sean detenidos los presuntos responsables, no podemos desde ahora dejar de reclamarle a la Procuraduría de Justicia capitalina el desastroso manejo que ha hecho con las indagatorias.
Gracias a la PGJDF, nos hemos enterado –adiós a la confidencialidad de las averiguaciones previas- qué dicen los exámenes toxicológicos de las víctimas o qué le hicieron a cada una de las víctimas.
No eludo, por supuesto, que estos mismos hechos deberían obligarnos a medios y periodistas a hacer una revisión a fondo de nuestros códigos de ética. Los medios hemos revictimizado a los cinco fallecidos, expuesto sus vidas privadas y hemos sido usados por las propias autoridades, más interesadas en inducir posibles móviles que en solucionar el caso.
No falta quien diga: bien por esos periodistas, porque es su obligación dar a conocer todos los elementos de la averiguación. Falso. ¿Cuál es la utilidad de publicar las fotos de cómo encontraron a los muertos? Informar que una víctima dio positivo en la prueba de alcoholemia tampoco sirve para entender qué ocurrió.
Pero si los medios y periodistas tienen obligaciones éticas que no se han cumplido, la Procuraduría además tiene obligaciones legales.
¿Quién va a pagar por esto? ¿Ha sido la propia Procuraduría la que filtra la información para, como decía antes, inducir móviles del crimen? ¿O hablamos de ministerios públicos, policías y hasta camilleros que venden al mejor postor la información?
¿Qué garantía le ofrece la Procuraduría a cualquier víctima de que no verá publicada toda su información personal en algún medio? ¿Cómo aseguras que esa misma información no llega a los victimarios? ¿Cómo entiende la Procuraduría su política de comunicación social? Incluso, si se filtró esta información sin el aval de las autoridades, las preguntas siguen siendo las mismas y podemos agregarle: ¿no tienen ni siquiera control de las fotografías de un fallecido?
Por supuesto, es prioridad que se detenga a los responsables y que la propia PGJDF nos explique qué ocurrió el día que murieron cinco personas en la Narvarte. Queremos certeza de que se hicieron bien las investigaciones, que se agotaron todas las líneas y que se detuvo –si esto ocurre- a la gente correcta.
Pero no es suficiente. También habrá que exigirle a la PGJDF que nos explique por qué y cómo se ha filtrado esta información, por qué se buscó acabar con la memoria de los fallecidos y qué va a hacer para que esta violación legal no quede en la impunidad ni mucho menos se repita. Hay responsabilidad política y penal.
La Procuraduría, pues, nos debe mucho.
