Si nos atenemos a la definición de “accidente” que viene en el diccionario, casi cualquier hecho inesperado puede definirse así: suceso eventual que altera el orden regular de las cosas.
El mismo diccionario incluye otra alternativa, que suma la palabra “involuntario” a la definición: Acción que involuntariamente resulta en daño para las personas o las cosas.
Es decir que, según la RAE, un accidente podríamos explicarlo como “algo que simplemente sucedió”. Y casi sin importar las causas.
Sólo por esta definición tan abierta podemos calificar como accidentes hechos como los ocurridos el sábado en Chihuahua y un día antes en la carretera Naucalpan-Toluca, que dejaron un saldo final de una veintena de muertos.
Terribles “accidentes”.
¿Es un “accidente” que un camión se caiga a un barranco, cuando iba a exceso de velocidad y las llantas estaban lisas?
Peor todavía, ¿es un “accidente” cuando la secretaría de Transporte del Estado de México reconoce que no hizo ninguna verificación de ese o de ningún otro vehículo? Suma a un empresario voraz, el desinterés del gobierno estatal, pues.
Lo de Chihuahua es todavía peor. Todos hemos visto los videos que dejan en claro que Protección Civil no hizo su trabajo, como lo prueba que el público estaba pegado a la pista (y no en un estadio) o que no había una barrera capaz de contener a un vehículo para protegerlos. Ahora súmale que el vehículo ya había tenido un percance, apenas un día antes.
“Enceguecedor desprecio a la seguridad” fue lo que dijo la junta directiva de la Monster Truck Racing cuando supo lo que había ocurrido y agregó que se habían hecho a un lado todos los protocolos y “medidas esenciales” de protección al público.
La primera respuesta del gobierno estatal fue decir que el chofer estaba borracho, aunque después tuvo que recular y decir que había bebido, pero no tanto como para decir que esa era la causa.
Podríamos contar decenas de casos parecidos, donde la suma de un empresario sin escrúpulos y una autoridad omisa tuvieron un papel determinante para que hubiera muertos.
Evidentemente, un caso tiene que ver con Protección Civil y otro con una Secretaría de Transporte. Pero se tocan en el mismo punto: negligencia.
Por supuesto, podríamos mencionar más. En el caso de las carreteras, cómo olvidar que apenas en mayo hubo 24 muertos en un “accidente” -de nuevo esa palabra- en la carretera México-Pachuca. Una pipa de gas se estrelló contra unas casas e incendió a 40.
Todas estas notas pronto desaparecieron de los medios. Las empresas pagaron los funerales, dieron algo de efectivo como seguro, en algunos casos hasta se suspendió temporalmente el servicio. Y a lo que sigue.
¿Alguna autoridad fue juzgada?¿ destituida? ¿Cambió alguna ley? Obviamente no. No se rinden cuentas y ni siquiera se tapa el pozo, aún cuando se ahogó el niño.
Lo que asusta, en resumen, no sólo es el número de muertos, sino la impunidad, la complicidad, la apuesta por la desmemoria, la incapacidad para rendir cuentas y la ausencia de leyes. Tienen que ocurrir estos casos para que nos volvamos a acordar.
(DANIEL MORENO CHÁVEZ)
