Obvio: Articulistas de unos y otros diarios pueden, a raíz de lo ocurrido en Iguala, pedir la renuncia del Presidente y su gabinete. O pueden, como por supuesto también ocurre, defenderlo hasta con las uñas.
Se han escrito decenas de textos sobre el tema, así que no dudo que cada quien tenga su posición al respeto.
Yo confieso que el debate me deja poco y elude, creo yo, el centro del problema: por qué no se hizo nada para evitar lo que ha sucedido en Guerrero, no sólo en los últimos 35 días, sino en los últimos años.
La exigencia, pues, es pedir cuentas. Y no sólo sobre Iguala. Tampoco a uno sólo de los niveles de gobierno y menos únicamente a un partido político. Todos tienen algo qué explicarnos.
O cómo le hacemos para justificar que el estado no haya recibido atención especial (en seguridad, pero también en procuración de justicia y en desarrollo social), cuando los índices de homicidio en Guerrero han sido en promedio más altos que en el resto del país, al menos en los últimos 25 años.
¿Alguien se preguntó por qué quedaban impunes el 99 por ciento de los homicidios del estado?
¿Nadie se dio cuenta que ahí se producía el 60% de la amapola de todo el país y ha sido también productor de mariguana?
¿Qué ocurrió cuando, en los dos últimos procesos electorales estatales y municipales, se denunció que el crimen organizado había “metido mano” en la selección de candidatos de una veintena de municipio?
¿Quién levantó la mano para frenar la inclusión, en áreas como seguridad y obras, de funcionarios impuestos a los alcaldes? ¿No sabían?
¿Nadie pensó en qué iba a ocurrir cuando se descabezó al principal cártel que operaba en Guerrero, es decir, los Beltrán Leyva?
¿Qué se hizo cuando se difundieron reportajes, en radio y televisión nacionales, sobre la huida de médicos y maestros de Tierra Caliente, víctimas de extorsiones?
¿Qué se hizo cuando el alcalde de Chilapa, por citar un ejemplo público, dijo que simplemente no podía con el crimen organizado y que lo único que podía decirle a la población era que mejor se guardaran en sus casas, apenas anocheciera?
¿Cuáles fueron las medidas que adoptaron autoridades de tres niveles cuando la propia PGR reconoció que había 21 bandas de delincuentes en Guerrero?
¿Cómo se permitió que se presentaran denuncias públicas sobre presuntos vínculos de funcionarios estatales y hasta legisladores locales con el crimen organizado, sin que nada pasara?
¿Alguien creyó que blindar la costera Miguel Alemán, en Acapulco, era suficiente?
¿Qué política pública se diseñó para frenar secuestros y extorsiones?
¿A alguien le ha importado que, en estos 37 días que los normalistas llevan desaparecidos, han sido asesinados medio centenar de guerrerenses, en municipios de todas las regiones?
Coincido con Carlos Bravo, articulista de El Universal, cuando dice que lo sucedido en Iguala no es una crisis, porque eso significa olvidar una historia de impunidad y delincuencia no atendida y mucho menos resuelta.
¿Quién nos va a explicar cómo llegaron a la Secretaría de Gobernación y a la PGR informes sobre el ahora arrestado exalcalde de Iguala, sin que nada sucediera?
Hoy se habla de “gruesos expedientes”. ¿Quién nos va a decir en qué pararon esas investigaciones? ¿Quiénes son los funcionarios responsables?
Peor: ¿qué se está haciendo para evitar que todo esto vuelva a suceder?
Cuentas es lo que tenemos que exigir.
Los responsables de cada desaparición están en los tres niveles de gobierno y en los tres principales partidos políticos.
A ellos debemos voltear a ver. Y me niego quedarme en el “usted perdone”.
A ellos hay que demandarles explicaciones, responsabilidades políticas y penales, nuevas respuestas a estos problemas.
Antes que hablar de renuncias, yo prefiero insistir: que nadie quede impune, en todos los niveles de gobierno.
(Daniel Moreno Chávez / @dmorenochavez)
