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Después de 40 años de relación Edith Windsor se casó con el amor de su vida, compartieron un matrimonio feliz durante dos años hasta que en 2009 su pareja falleció. Cuando Edith quiso reclamar la herencia a la que tenía derecho se le obligó a pagar más de 300 mil dólares de impuestos federales sólo por que su pareja y compañera de vida era una mujer igual que ella.
El 26 de junio en una votación histórica la Suprema Corte de Estados Unidos declaró inconstitucional una parte de la DOMA (Ley de Defensa del Matrimonio) que establecía que el matrimonio sólo podía ser entre un hombre y una mujer. Con esta decisión se ponía fin al litigio de Edith Windsor.
“La ciudad donde todo lo que nosotros no queremos se hace realidad”. Con esta frase el candidato a gobernador de Baja California Fernando Castro Trenti describió a la Ciudad de México, refiriéndose al reconocimiento del matrimonio igualitario y la adopción de niños por parejas del mismo sexo, los cuales fueron declarados constitucionales en el Distrito Federal desde el 2010.
Tanto el caso de Windsor como las declaraciones de Castro Trenti ponen en evidencia el conflicto que existe cuando son los estados y no la federación los que reconocen un derecho a la población. El Distrito Federal es el único estado que de manera explícita ha buscado y obtenido el reconocimiento del matrimonio igualitario. En México, al tratarse de una federación cada entidad puede establecer para si misma las leyes que le convengan siempre y cuando no sean contrarias a la Constitución. Este es el caso de las legislaciones sobre el matrimonio. Sin embargo, esto ocasiona que algunos de nosotros tengamos mayores derechos que otros, dependiendo del estado que residamos.
Es decir, cualquiera de nosotros tenemos el derecho de casarnos con la persona que amamos sin importar nuestra preferencia sexual, pero basta con que salgamos del Distrito Federal y crucemos a Naucalpan o Huixquilucan para que lo perdamos. En el caso de Quintana Roo, Colima y Oaxaca ya se han abierto caminos por la vía del amparo y de la interpretación de la Constitución.
Algunos argumentan que los estados deben tener leyes que vayan de acuerdo a su idiosincracia y a la voluntad popular. Sin embargo, en el caso de los derechos humanos ésta no puede ser la norma. Basta con recordar la lucha por los derechos civiles de los afrodescendientes en Estados Unidos, el voto de la mujer o el fin del Apartheid en Sudáfrica. En estos casos el reconocimiento de los derechos humanos se ha hecho a pesar de la opinión “mayoritaria”. De no haber sido así quizás Edith nunca se hubiera podido casar, ni tener derecho a heredar, ni estudiar una carrera, ni votar en una elección. El reconocimiento de los derechos humanos es progresivo: una vez que se da un paso adelante ya no hay marcha atrás.
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Marcela Alcántara Guerra es chilanga, politóloga y entusiasta de los derechos humanos.
(MARCELA ALCÁNTARA GUERRA)
