La BJ está ‘a ciegas’ para conocer construcciones ilegales

El misterio ronda a la delegación Benito Juárez. No es posible saber qué desarrollos inmobiliarios o construcciones están legalmente autorizados.

La Dirección de Desarrollo Urbano encabezada en esa demarcación por Carlos Acuña tiene registrados dos robos de equipo de cómputo que contienen la información de los permisos de construcción otorgados desde que Jorge Romero llegó a la jefatura delegacional.

Una respuesta a una solicitud de información permitió a MÁSPORMÁS enterarse de que la delegación no contaba con datos sobre las construcciones autorizadas en la gestión de Romero, porque estaba contenida en equipos de cómputo que fueron robados el 15 de abril de 2013 y el 16 de junio de este año.

El misterio crece cuando la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) aclara que sólo tiene una denuncia al respecto, según la cual uno de los robos ocurrió pero el 17 de junio. Además, ésta se presentó 18 días después del presunto robo.

La Contraloría afirma que ya inició una investigación por los robos, pero reconoce que la delegación nunca formalizó una denuncia al respecto.

OPACIDAD EN LA INFORMACIÓN

El Comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos (InfoDF), Luis Fernando Sánchez Nava, reconoció que el Instituto no tiene conocimiento del caso, “fuera de publicaciones periodísticas, de los robos que se realizaron en las oficinas de Desarrollo Urbano de Benito Juárez”.

Indicó que la delegación estaba obligada a levantar un acta ante el Ministerio Público y dar aviso a su Contraloría interna, para que a su vez, ésta informara a la Contraloría General y a la procuraduría capitalina.

La dirección de Desarrollo Urbano delegacional se negó a acabar con el misterio y precisar si existe respaldo físico de la información supuestamente robada.

La única solución que planteó para resolver la incógnita fue que este diario pidiera al InfoDF revisar el caso.

Carlos Hernández Mirón, presidente de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana de la ALDF, recuerda que esa dirección debe contar con un respaldo documental, porque así lo marca la

Ley de Archivos del Distrito Federal: “Me parece que el jefe delegacional tiene que poner cartas en el asunto y comenzar a trabajar de manera inmediata. No se puede perder la información y si se pierde tienen que tener un respaldo”.

LAS LEYES

El artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos establece que los funcionarios deben garantizar la preservación de todos los documentos e información que deba custodiar con motivo de su encargo, evitando su sustracción, destrucción, ocultamiento o utilización indebida.

La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal señala en su artículo 11 que “el servidor público responsable de la pérdida, destrucción, modificación, alteración u ocultamiento de documentos, archivos, registros o datos en que se contenga información pública, será sancionado”.

El artículo 93 de la misma ley, precisa que constituye una infracción la omisión o irregularidad en el suministro de información pública solicitada, “la falsificación, daño, sustracción, extravío, alteración, negación, ocultamiento o destrucción de datos, archivos, registros y demás información que posean los entes obligados”.

LOS SUPUESTO ROBOS

15 de abril de 2013: Personal de la dirección de Desarrollo Urbano delegacional se percata de que se sustrajo el equipo de cómputo que contenía su base de datos.

16 de junio de 2014: otra vez se roban equipo de cómputo de esa dirección. Se levanta una denuncia 19 días después del ilícito, pero ésta no se ratifica.

LAS SANCIONES

Luis Fernando Sánchez Nava, comisionado del InfoDF, explicó que en materia de transparencia lo procedente es exigir que si la información no existe, ésta se regenere. De no hacerlo, añade que es posible presentar una denuncia penal e incluso sancionar con amonestaciones, multas, inhabilitaciones o ceses del cargo.

La Contraloría local es la encargada de sancionar a los servidores públicos que incurran en alguna falla.

(ALEJANDRA CRAIL Y OSCAR SANTILLAN)