Algunos personajes que escenificaron los enfrentamientos con granaderos de la Secretaría de Seguridad Pública del DF (SSPDF) el pasado lunes en la plancha del Zócalo capitalino, son los mismos que participaron en los actos vandálicos del 1 de diciembre de 2012 y la toma de Rectoría de la UNAM.
Los vínculos Los cuatro personajes identificados han estado presentes durante los desmanes de las rectorías de la UACM, UNAM y UAM, así como en los eventos de violencia en San Lázaro y en las calles del Centro Histórico durante y después de la toma de protesta de Enrique Peña Nieto.
Una fuente de la SSPDF consultada por este diario, señaló a estos sujetos como miembros de grupos anarquistas y que participan de manera constante en manifestaciones, además de la provocación y choques con la policía.
Los hechos
El lunes 10 de junio se conmemoró un aniversario más del “Halconazo” de 1971, nuevamente los encapuchados salieron a las calles para violentar una manifestación pacífica.
Estos individuos provocaron disturbios en la plancha del Zócalo al golpear a los efectivos policiacos, patearlos y usar lanzallamas improvisadas con latas de spray (idénticas a las empleadas a las afueras de la Cámara de Diputados el 1 de diciembre), además de arrojar algunas losetas de la plaza.
Los policías, según los reportes oficiales, no respondieron a la agresión y sólo se limitaron a protegerse con sus escudos de acrílico ante el embate de los vándalos.
Después de 40 minutos de trifulca, los granaderos implementaron el protocolo de Actuación Policial de Multitudes para liberar al director de Atención Ciudadana del Gobierno del DF, Pedro Bello y uno de sus colaboradores, quienes fueron retenidos como “mercancía” de intercambio por algunos detenidos.
Saldrán libres
Tras la modificación del artículo 362 del Código Penal del Distrito Federal, aprobada en diciembre del año pasado por la Asamblea Legislativa capitalina, los rijosos no ingresarán a la cárcel.
Lo anterior, debido a que se redujo la penalidad y gravedad del delito, el cual no permitía la libertad bajo fianza y establecía una pena corporal de cinco a 30 años de prisión, la cual ahora es de dos a siete años.
