¡Se les acabó! Ponen orden a las marchas

Los altavoces serán la advertencia.

El gas lacrimógeno y las armas de fuego, la estocada.

Así es como el Gobierno del DF busca acabar con el desorden que significan las marchas en la ciudad.

La primera estrategia para liberar las vialidades “secuestradas” por los manifestantes será “el diálogo y la arenga al contingente” mediante equipos de altavoz.

Si el diálogo no funciona, la intensidad policiaca será evidente: el primer nivel de disuasión implica la utilización de gases lacrimógenos; el siguiente, la utilización de armas de fuego y fuerza letal.

El protocolo

Las marchas en la Ciudad de México están tan fuera de la ley como los franeleros, las bases de taxis y los ambulantes, que violan derechos de terceros.

Y es que basta que un líder junte 50 personas para que vialidades tan importantes en la ciudad como Reforma, Periférico, Insurgentes o Eje Central se paralicen sin que haya alguna autoridad que lo impida.

Pero a partir de hoy, los bloqueos viales y plantones estarán bajo la mirada de la Secretaría de Seguridad Pública, que aplicará el “Protocolo para Actuación Policial y Control de Multitudes” y pondrá fin a manifestaciones que se consideren “violentas”.

En la Ciudad de México circulan 4.7 millones de automóviles que buscan desesperados llegar a sus destinos. El conductor casi siempre tiene el tiempo cronometrado para desplazarse por la ciudad y las marchas simplemente destruyen planes.

Los objetivos del protocolo, de acuerdo al documento publicado en la Gaceta Oficial, son la conducción y contención de multitudes, el restablecimiento del orden público, la liberación de vialidades y, por último, el respeto a los derechos humanos.

En otras palabras, el Gobierno del Distrito Federal privilegiará el derecho al libre tránsito y la paz pública sobre el derecho a protestar.

Con altavoces

El nuevo protocolo policial maneja términos muy rimbombantes. La prioridad es resolver esa demanda para mantener “vialidades más fluidas” y respetar “el derecho al libre tránsito de las personas” en la ciudad.

Los policías desplegados en la marcha formarán “línea de contención pacífica” para recuperar la vialidad.

Una vez liberadas las vialidades, se mantendrá un dispositivo policial para evitar nuevos bloqueos.

Fichar a los violentos

Para cualquier manifestación pública, la Subsecretaría de Operación Policial elaborará un reporte con datos básicos del evento: grupo organizador, impacto social, identificación de puntos vulnerables y riesgos, así como duración y lugar de inicio y fin de la protesta.

Con esta información, el mando policial a cargo del operativo iniciará una “labor de convencimiento” con los organizadores de la manifestación para buscar que la misma concluya de inmediato.

En caso de detectar algún brote de violencia entre los manifestantes –el documento no define qué se entiende por violencia-, “se dará la orden de ingresar al contingente encauzando a las personas con actitud agresiva, separándolas de la multitud” .

Si se comete algún delito o infracción administrativa, la policía deberá detener a los responsables para ponerlos a disposición del ministerio público.

Edificios estratégicos

Otro punto destacado en el protocolo, es el relativo a la custodia de edificios estratégicos, pero al igual que en la definición de violencia, el protocolo no desglosa el concepto o catálogo de edificios estratégicos.

Para proteger estos lugares, se realizará un análisis de los trayectos de la marcha para identificar qué edificios pudieran correr riesgo de ataque.

Después, se dispondrá de un cordón de seguridad con instrucciones de responder con el uso de la fuerza pública, de acuerdo a los mismos lineamientos establecidos para la liberación de calles y avenidas.

¿Quién ganará?

Tras dos sexenios de tolerancia total a las manifestaciones y protestas, la implementación del nuevo protocolo para control de multitudes representa una búsqueda de un equilibrio entre el derecho al libre tránsito y el orden público y la libertad de manifestación de las ideas.

Con las primeras marchas y bloqueos de las semanas por venir, sabremos si el protocolo es suficiente para arrebatarle a los manifestantes el control de las calles y plazas públicas chilangas.

¿QUÉ DEBE HACER LA POLICÍA EN UNA PROTESTA?

1.     Vigilar la integridad de las personas y edificios públicos estratégicos.

2.     Garantizar el orden público y el libre tránsito.

3.     Mostrar actitud firme, tolerante y disciplinada.

4.     Buscar diálogo antes que el uso de la fuerza pública.

5.     Utilizar la fuerza pública ante brotes de violencia de manifestantes.

REGULACIÓN INTERNACIONAL

A diferencia de sus antecesores en la Jefatura de Gobierno, Miguel Ángel Mancera decidió limitar las protestas y manifestaciones públicas mediantes la emisión de un Protocolo de Actuación Policial para Control de Multitudes.

Así, la ciudad de México se suma a otros países que permiten la libre manifestación de las ideas, siempre y cuando no se afecten derechos de terceros.

ESTADOS UNIDOS

·      La Constitución de los Estados Unidos garantiza el derecho a participar en manifestaciones  pacíficas en los “foros públicos tradicionales”, tales como las calles, las aceras o los parques.

Sin embargo, el gobierno impone restricciones en cuanto a “la  hora, el lugar y la forma” de la expresión, al requerir  permisos.

Para el caso de actos que requieran el cierre de calles, casi siempre se requiere de un permiso. Por el contrario, una pequeña marcha que se limite a las aceras y obedezca todas las señales de tránsito, con frecuencia no requiere de un permiso.

ESPAÑA

·      Después de un año de protestas y plantos originados por la falta de empleo y el movimiento de los “indignados”, el gobierno español propuso en octubre de 2012 reformas a la ley para endurecer los castigos penales contra determinadas acciones durante actos públicos de protesta.

Según el gobierno español, la regulación actual es  “muy permisiva y amplia con el derecho de reunión y manifestación”.

COLOMBIA (BOGOTÁ)

·      En la capital colombiana, cualquier marcha o manifestación pública debe realizarse con un aviso previo de 48 horas, y en todo momento se debe respetar la movilidad de vehículos públicos y privados.

De igual forma, se prohíbe el uso de capuchas, máscaras o pasamontañas que cubran el rostro y dificulten la identificación de los personas que protestan.

(MANUEL LARIOS | MÁS POR MÁS)