Cobro oculto en casas de empeño

Estos negocios, cuyo número aumenta desde 2004, son blanco constante de quejas porque no explican todos los montos que implica un préstamo.

Priscila espera no tener que volver a empeñar alguna de sus pertenencias. Hace unos meses, recibió poco más de tres mil pesos por una joya que planeaba recuperar en un máximo de dos quincenas.

Sin embargo, el costo que le dijeron que pagaría por el préstamo no incluía ni el IVA ni el seguro de la prenda, ni el monto por el almacenaje, sólo los intereses.

Se dio cuenta entonces de que estaba pagando el doble de lo que pensaba y tardó mucho más de lo previsto en desempeñar la joya. Al final la recuperó, pero se quedó con un mal sabor de boca y afirma haber aprendido una lección.

“Cuando no llego a fin de mes veo qué hago o, de últimas, vendo alguna cosa que ya no necesite, pero no vuelvo a empeñar”, dice, afuera de las casas cercanas a Tacubaya.

Negocio en crecimiento

Las casas de empeño viven un auge desde 2004. Según el Inegi, en el país entonces había mil 589 y para 2010 eran seis mil 200. De estas últimas, se calculaba que dos mil no estaban registradas debidamente y operaban sin cumplir con la ley.

A principios de 2013, entró en vigor una reforma que creó un registro público de estos establecimientos y, según esta base, hoy se tienen datos completos de cinco mil 575, de los cuales 395 están en la capital.

Este crecimiento también ha ido acompañado de un alto número de quejas de usuarios. Por diversas irregularidades, en 2015 la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) multó a mil 374 de estas casas, esto es 3.7 multas al día.

Pero las sanciones, según las cifras oficiales, hasta ahora no han impactado en las finanzas de estos locales. Por ejemplo, Maxi Prenda y Prendamex, dos de los principales grupos, reportaron en 2015 ingresos por al menos 450 y 111 millones de pesos, respectivamente.

Con quejas frecuentes

Maricruz Santana, directora de Contratos de Adhesión de la Profeco, explica que el principal motivo de multas y sanciones contra casas de empeño es su negativa a entregar la prenda o que la entregan en condiciones deterioradas.

Además, algunas —en particular las nuevas— comienzan a operar sin que sus contratos sean aprobados por la Profeco. Para recibir tal aprobación, un contrato debe desglosar todos los costos que se cargarán al usuario.

“Lo que sí es muy importante es que en el contrato venga señalado muy claramente qué es lo que se va a cobrar desde un principio: cuánto por almacenaje, cuánto por interés, etcétera”, dice.

Sin embargo, aclara, no existe una norma que obligue a una casa a especificar el monto total que será cobrado, lo que implica que el usuario debe identificar y sumar los montos por su cuenta, y que muchas personas queden confundidas sobre cuánto se les cobrará al final por un préstamo.

En una sucursal de Prendamax, en la colonia Del Valle, se constató que públicamente se informa el Costo Anual Total (CAT) a pagar —los intereses—, pero no se aclaran los gastos de almacenamiento, seguro e impuestos.

“Vacíos legales”

Durante recorridos por cuatro zonas de la ciudad, Máspormás encontró que los préstamos ofrecidos en casas de empeño a cambio de joyas son 40% más bajos a los ofrecidos por joyeros. Además, en las casas los valuadores calcularon que el costo total a pagar por un préstamo oscilaría entre 80% y 120%, y quienes ofrecían más dinero también cobraban mayor interés.

Georgina Hernández, académica de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) quien ha investigado el tema, advierte que el sistema legal y de verificación de las casas está lleno de “vacíos” que afectan a los usuarios.

En su opinión, ése es uno de los dos factores que han contribuido al crecimiento de estos negocios, pues resulta fácil abrir uno de estos establecimientos.

“El riesgo para el empresario se reduce al mínimo, porque el préstamo está respaldado por una prenda”, dice, y agrega que algunas casas incluso incurren en prácticas como cobrar a sus valuadores si hacen mal un avalúo.

Para la especialista, el otro factor que ha permitido el crecimiento de estos negocios es que hay gente que necesita acceder a préstamos sin los requisitos que exige un banco. Por lo general, explica, estos usuarios son personas que trabajan en la economía informal y piden prestado para cubrir necesidades básicas, como pagar útiles escolares o una emergencia médica.

“En México, no hay cultura del ahorro. En alguna desesperación [las personas] necesitan dinero y no se fijan en las letras chiquitas”, dice.

Una investigación de Hernández y otras colegas detectó que la carga financiera para un deudor de casas de empeño es, en promedio, de entre 195% y 215% de lo prestado, mientras el CAT de una tarjeta de crédito asciende a 50%. Al respecto, la Profeco explica que su tarea es supervisar que los contratos no tengan cláusulas abusivas, pero reconoce que la ley no define a partir de qué punto se cae en ese supuesto.

Claves

Aquí te damos algunos datos sobre el sector y las irregularidades que tiene:

  • Los cinco grupos de estas casas contra los que se presentan más quejas en el país son First Cash, Maxi Prenda, Empeño Fácil/Empeñe Su Oro, Monte de Piedad y Cash Apoyo Efectivo.
  • Una práctica común de las casas pequeñas es cobrar el mismo interés durante todo el préstamo, cuando por ley solamente deberían cobrarlo por el capital no pagado y no por el prestado originalmente.
  • Los bienes que más empeñan los usuarios son las joyas, que representan 70% del total. A éstas le siguen los electrodomésticos y los automóviles.
  • Los meses en los que la gente recurre más a casas de empeño son diciembre, por gastos de fin de año; enero, para enfrentar aumentos de precios, y agosto, previo al inicio del ciclo escolar.

Una reforma para conocer al prestamista

En enero de 2013, después de que fuera aprobada por el Congreso, se promulgó una reforma a la Ley Federal de Protección al Consumidor para crear el Registro de Casas de Empeño. Desde entonces, éste quedó a cargo de la Profeco. La reforma fue impulsada por diputados y senadores, bajo el argumento de que tener una base de datos pública sobre estas casas ayudaría a evitar que el crimen organizado lavara dinero a través de ellas o a detectar si ahí se vendían objetos robados.