Quienes viven en edificios históricos deben invertir constantemente para conservarlos y tramitar permisos si quieren hacer obras.
José es dueño de su casa pero no puede hacer con ella lo que quiera. La recibió en herencia hace 10 años y desde entonces, dice, más que alegrías le ha traído fuertes gastos y dolores de cabeza.
El inmueble, ubicado en la colonia Escandón, en la Miguel Hidalgo, es una vivienda de estilo californiano construida en 1926. Está catalogado como patrimonio urbanístico arquitectónico de la ciudad, por lo que José está obligado legalmente a conservar sus características y tramitar permisos si desea realizar alguna obra.
Cuando recibió la casa, además, ésta tenía una elevada deuda por impuesto predial y, como no tenía cómo pagar, inició un juicio para reducir el gravamen. Sin embargo, perdió y asegura que ahora está más endeudado que antes.
Al igual que él —dicen expertos en desarrollo urbano—, miles de dueños y habitantes de inmuebles catalogados como patrimonio local padecen situaciones que incluyen la obligación de invertir para conservarlos, limitaciones para intervenir en ellos y hacer muchos trámites.
“Faltan apoyos para que se establezca que tener un inmueble catalogado no es una desgracia, sino un beneficio para todos”, dice Josefina Mac Gregor, presidenta de la asociación Suma Urbana.
La Ley de Salvaguarda del Patrimonio Urbanístico Arquitectónico señala que los inmuebles deben ser conservados por su importancia histórica, estética y sociocultural. La vigilancia de esa preservación está a cargo de tres instituciones: la Seduvi, a nivel local, y el INAH y el INBA, a nivel federal.
Únicamente en la Seduvi hay registro de 12 mil 851 inmuebles catalogados como patrimonio de la capital, según el catálogo que la dependencia entregó a Máspormás en respuesta a una solicitud de información. Por su parte, el INAH debe llevar el registro de los edificios anteriores al siglo XX, y el INBA, el de aquellos construidos desde principios del siglo XX a la fecha.
Se solicitó entrevista con las tres instituciones, pero ninguna respondió antes del cierre de edición.
Luchar contra la expropiación
A Rubén Ochoa también le ha tocado pasar por las dificultades de vivir en una casa catalogada como patrimonio de la ciudad.
El inmueble está en la colonia San Rafael, en la Cuauhtémoc, y es el edificio donde han vivido tres generaciones de su familia: sus abuelos, sus padres y ahora él. Sin embargo, tiene 10 años en un litigio con el gobierno capitalino, que expropió la construcción bajo el argumento de que los propietarios habían permitido su deterioro.
Rubén asegura que la casa —conocida como La Privada Verde— necesita reparaciones no por su negligencia, sino porque todavía no tiene el dinero suficiente para costear los trabajos que requiere.
“Todo mi dinero se ha ido en abogados a lo largo de una década, pero no lo dejo porque sé que este lugar merece ser conservado. No seguir con el juicio es abrir la puerta a su destrucción”, dice.
Patrimonio en riesgo
Un caso más es el de Cristina, de la colonia del Carmen, en Coyoacán. Su padre fue el tercer dueño de una tienda de abarrotes de la calle Francisco Sosa, instalada en un inmueble con 200 años de antigüedad.
Hoy, Cristina atiende el negocio, donde las paredes y el portón están desgastados y el techo fue sustituido con lonas. Y como en los otros casos, la mujer dice no haber podido hacer reparaciones por el costo y los permisos que implicarían.
“Aunque está por caérsenos encima, no nos permiten hacerle nada”, dice.
Este año, la ALDF aprobó condonar la totalidad del predial a los propietarios que acrediten realizar trabajos de restauración. Sin embargo, la medida aún no ha sido promulgada.
La diputada Margarita Martínez Fisher, de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, espera que el cambio se publique pronto, para ayudar a dueños y residentes a cuidar el patrimonio histórico. No obstante, reconoce que esto sería sólo un primer paso, pues se necesitan más apoyos y ajustes legales que obliguen a las autoridades a coordinarse mejor. Si esto no ocurre, advierte, quedará en riesgo una parte de la memoria histórica de la capital.
