Sin refugio para los periodistas

En 2009, autoridades del df prometieron un lugar de protección para comunicadores; se invirtieron millones, pero el proyecto no se concretó

Hace mil 600 agresiones, 59 asesinatos y 19 desapariciones forzadas que el Distrito Federal debió tener una casa refugio para periodistas, afirma el director de la asociación civil Casa de los Derechos de los Periodistas, Rogelio Hernández. Unos números que, según el Observatorio Nacional Ciudadano, corresponden a la suma de los ataques acumulados desde hace seis años en contra de comunicadores de todo el país, y que se habrían podido evitar, en parte, de haberse construido a tiempo el resguardo que prometió el GDF en 2009.
En aquel entonces, el jefe de Gobierno Marcelo Ebrard se comprometió a crear una “Casa de la Libertad de Expresión” para brindar al gremio periodístico asesoría, hospedaje y protección en la capital ante las intimidaciones que vivían en otros estados. Pero a la fecha –luego de una inversión total de 30 millones 300 mil pesos– el albergue no ha cumplido su función.

Fotos: Alfredo Boc
Fotos: Alfredo Boc

En un primer tiempo, la Asamblea Legislativa del DF otorgó una partida presupuestal de 10 millones de pesos al proyecto: tres para la operación administrativa a cargo de la asociación civil “Casa de los Derechos de los Periodistas” y siete para hacer el primer pago de la compra del predio de General Primm 2,4,6,8 y 10, en la colonia Juárez, para el que la Secretaría de Gobierno local (SecGob) destinó otros cinco millones de pesos posteriormente.
Por su lado, la asociación civil del mismo nombre, liderada entonces por Raúl Martínez Sánchez, recibió seis millones de pesos en un lapso de cuatro años, que se fueron en pago de salarios, utensilios y en la renta de dos oficinas en la colonia del Valle, en espera de que se adecuara la casa de General Primm. Mientras que el subsecretario de Gobierno del DF, José García Ochoa, quedó a cargo de la parte operativa y presupuestal del proyecto, en conjunto con el fideicomiso del Centro Histórico. Este medio trató de entrevistar a García Ochoa sin que al cierre de esta edición haya obtenido una respuesta.
Según se desprende de los oficios públicos disponibles en la página de la SecGob y del fideicomiso del Centro Histórico, los esfuerzos para adaptar el espacio se repartieron en 10 convenios que incluyeron la compra del inmueble y la operación del proyecto, así como los trabajos de albañilería y supervisión de obra –que se otorgaron por medio de adjudicaciones directas a las empresas L.M.N.S Sociedad Civil, ADIPECSA y a dos personas físicas–, estos últimos con un costo total de 12 millones 300 mil pesos. Pero en sus cortos seis años de vida, la Casa de la Libertad de Expresión no albergó a un solo periodista.

Fotos: Alfredo Boc
Fotos: Alfredo Boc

En 2011, un comunicador veracruzano trató de obtener ayuda luego de ser detenido arbitrariamente por elementos de la Policía Federal en Veracruz, pero sólo recibió apoyo jurídico por parte de la asociación. Mientras que otro reportero de Guerrero, quien huía del crimen organizado, tuvo que alojarse en hoteles de diferentes ciudades, ya que nunca encontró albergue en la ciudad. De igual manera, un periodista chilango, hostigado y violentado por cubrir notas de construcciones irregulares y corrupción en la delegación Benito Juárez, tampoco halló refugio en la casa del GDF.
Tres años después, en 2014, la Casa de Periodistas –como también se le conocía- cambió su nombre a “Casa para la Defensa de las Libertades y los Derechos”, según consta en un documento de la Secretaría de Gobierno local, y pasó a ser ocupada por el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (Copred), quien pagó 500 mil pesos más para concluir las remodelaciones del lugar que habita a la fecha. Ese mismo año el gobierno dejó de entregar fondos a la asociación civil, ahora dirigida por la periodista Judith Calderón.

Fotos: Alfredo Boc
Fotos: Alfredo Boc

De acuerdo con el director ejecutivo del Centro de Comunicación Social (CENCOS), Omar Rábago Vital, la cantidad de recursos públicos que se invirtieron para este proyecto hace evidente la necesidad de una rendición de cuentas, así como de una explicación de porqué la promesa gubernamental de hacer un refugio nunca se llevó a cabo.
En el papel, afirma, el proyecto era bueno y cumplía la función de apoyo asistencial para desplazamientos forzados a nivel nacional, pues antes de 2015 el DF era considerado como el espacio para que los periodistas comenzaran una nueva vida con un nuevo hogar y un nuevo empleo.
Pero, después del caso del fotoperiodista Rubén Espinosa –asesinado en la colonia Narvarte en agosto pasado–, la ciudad dejó de ser un lugar seguro. “Ahora debemos replantear la seguridad de los periodistas en todos los rincones de México, porque vulnerar a un periodista no sólo es un atentado a la libertad de expresión, sino un atentado al derecho a la información de la sociedad que se informa a partir del trabajo de ellos”, reconoce.

CONSEJOS PRÁCTICOS:

De manera presencial puedes denunciar en Calle López no. 12 en colonia Centro, delegación Cuauhtémoc

LEYES DE PROTECCIÓN PARA PERIODISTAS CHILANGOS:
El 10 de agosto de 2015 se publicó, en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, la Ley para la Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Ciudad, la cual se generó a la par del proyecto de la Casa Refugio.
Esta ley tiene por objetivo la defensa de los derechos de periodistas y defensores de derechos humanos como representantes de actividades de interés público, por medio de un mecanismo de protección integral local que garantice la seguridad de este sector de manera prioritaria.

LOS OTROS COMPROMISOS DEL GDF:

  • Todos los periodistas que llegaran al albergue iban a ser beneficiarios de los programas sociales de la ciudad.
  • La Agencia Especializada para la Atención de Delitos Cometidos en Agravio de los Periodistas debía coadyuvar en la atención de los casos más graves.
  • El GDF iba a crear una Red de Acción de Vigilancia y Garantía de la Libertad de Expresión para proteger este derecho.
  • La casa refugio debía ser también el espacio para sensibilizar servidores públicos y policías en el reconocimiento del derecho de libertad de expresión.

RECOMENDACIONES:

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